La compañía PriceWaterhouseCoopers (PwC) obtuvo en los últimos meses una quincena de contratos de la Generalitat de Cataluña por los que se embolsó más de 1,6 millones de euros. Nada extraño, si no fuese porque esta firma fichó a primeros de año a Joaquim Triadú, ex consejero de Presidencia de la Generalitat en el último Gobierno de Jordi Pujol, según revela El Confidencial.

Algunas de las licitaciones realizadas por el Gobierno de Artur Mas levantaron airadas protestas por parte de los profesionales auditores, que acusaron al Ejecutivo catalán de realizar concursos con cláusulas que facilitaban la adjudicación a un par de empresas: PwC y Deloitte, que fichó a David Madí, ex secretario de Comunicación de Convergència y antigua mano derecha de Artur Mas. A los profesionales del sector les escama que dos compañías que han fichado a sendos pesos pesados de Convergència se lleven apetitosos contratos públicos.

La última adjudicación de PwC ha sido la auditoría de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA), entidad que engloba TV3 y Catalunya Ràdio, la televisión y la radio públicas de la comunidad. El gobierno había sacado a concurso la auditoría de este organismo con unas cláusulas que el sector en pleno calificó de abusivas. Tras destaparse el tema por este diario la Generalitat dio marcha atrás y anuló la convocatoria, iniciando un nuevo concurso. El presupuesto de la auditoría era de 420.000 euros más IVA. Ahora, PwC se lo ha adjudicado por sólo 225.000 euros.

“Se adjudicó en base a que era la oferta más económica de las cuatro que había sobre la mesa, ya que dos quedaron fuera de concurso. Pero es imposible hacer ese trabajo con un descuento del 46%”, señalan fuentes de los auditores a El Confidencial. Éstas, sin embargo, vinculan la baja oferta con el hecho de otras adjudicaciones que ha tenido la compañía en la que está Triadú. “Si a mí me hubieran adjudicado la venta de los edificios de la Generalitat, les hubiera incluso hecho gratis esta auditoría”, dice un conocido auditor a este diario. Y ello porque “en una auditoría, puedes hacer una rebaja del 15 o el 20%, pero no del calibre de la de la Corporación. Y a ese precio, tienes dos opciones: o no hacer el trabajo o que te den otras compensaciones”.

Los auditores están molestos porque recuerdan que “Mas se pasó toda la campaña diciendo que ayudaría a las pymes, pero a la hora de la verdad desde la Generalitat sólo se apoya a las multinacionales”.

Vende los edificios de la Generalitat

PwC se encargó de preparar los lotes de 28 edificios que la Generalitat quiere vender para hacer caja, cuyo valor en el mercado es de casi 450 millones de euros. El otro lote, de 9 edificios y con un valor de 97.800.000 euros, fue preparado por ICF Equipaments, empresa pública de la propia Generalitat. Además, a primeros de julio, PwC firmó un contrato con el Gobierno para un “plan estratégico para la optimización financiera del parque inmobiliario de la Generalitat” por el que cobró 64.900 euros. A primeros de septiembre, realizó otro informe “para mejorar la eficacia de los recursos disponibles de la Generalitat en materia de infraestructuras”, cuyo importe fueron 67.260 euros.

El contrato más oneroso, sin embargo, fue para “realizar el análisis, diseño y apoyo a la implantación del nuevo modelo de servicios TIC en la Generalitat”. Este contrato, adjudicado el 26 de agosto, estaba dividido en cuatro lotes, pero PwC se llevó el más costoso, por un valor de 460.000 euros. En septiembre, recibió el encargo de auditar las cuentas anuales del 2011 al 2013 de Ferrocarriles de la Generalitat y del complejo hotelero del Valle de Nuria por 117.000 euros. El mismo día que le fue adjudicado este contrato, recibió también el encargo de auditar la gestión del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Generalitat (CTTI) por 59.500 euros.

La compañía se defiende también en el ámbito cultural. El 14 de septiembre, el Departamento de Cultura le encargó el “asesoramiento para mejorar el proceso de gestión de subvenciones e implementación del sistema de ventanilla única”. El coste de este asesoramiento es de 70.682 euros. Se da la circunstancia de que 10 de los 11 miembros del Consejo de la Cultura y las Artes de Cataluña (Conca) dimitieron hace unos días por lo que consideran injerencias políticas del Gobierno en su labor. En la nueva ley que prepara la Generalitat, les quitan las atribuciones de las subvenciones a la cultura y las artes, a pesar de que sólo tienen un 2,9% del presupuesto del Departamento. La intención del consejero Ferran Mascarell es traspasar esas subvenciones a la ventanilla única que quiere crear.

En el mes de julio, PwC ya había conseguido también suculentos contratos. Entre otros, un “estudio para definir los factores que determinan la competitividad de las ofertas de suelo para la captación de actividad económica en diferentes ámbitos territoriales (benchmarking)”, por el que cobró de las arcas públicas 200.600 euros. Y la empresa pública Tabasa le confió un “análisis de viabilidad económica, financiera y jurídica” por 82.600 euros.

En los últimos meses, esta compañía obtuvo también diversos contratos del Instituto Catalán del Suelo (Incasol). El primero de ellos, en el mes de marzo, cuando le encargó un “plan estratégico para desarrollar el decreto 109/2011 de 11 de enero”, con un costo de 47.200 euros. En julio, volvió a encargarle el “plan de viabilidad de la empresa y su implantación”, lo que debería ser una auditoría para racionalizar los efectivos y proceder a un ajuste de costes dentro de la política de recortes que lleva a cabo el gobierno. Por ello, PwC cobró otros 42.126 euros.

PwC logró también la adjudicación de un “apoyo metodológico para la definición de un nuevo modelo de contratación de los servicios sanitarios”, encargado pro el Servicio Catalán de la Salud, por 70.800 euros. El Departamento de Economía le concedió también la “asistencia técnica del seguimiento del programa operativo Feder 2007-2013”, con un coste de 39.825 euros. El 28 de diciembre, la compañía ya había obtenido un contrato para el control de los proyectos de los fondos de cohesión para el año 2011 por valor de 56.050 euros.