Trabajadores marroquíes vinculadas a una empresa catalana del sector textil.

H.O.- El candidato de ERC-Catalunya Sí, Alfred Bosch, ha rechazado recortar las embajadas catalanas, argumentado que “en tiempos de crisis son vitales para las exportaciones de las empresas catalanas”. Evidencia del falaz argumento era el hecho de que estas declaraciónes se producían en respuesta a la demanda de los propios emprendedores catalanes, que esta mañana le escuchaban en un dsayuno coloquio de Pimec.

Fue en pregunta de un empresario, que le reprochaba el despilafarro que suponen estas delegaciones sepatistas por sus elevados costes y su sinsentido funcional, dado que solapa funciones con otros organismos autonómicos, como las 34 oficinas de ACC1Ó en todo el mundo, cuando afloraron las verdaderas razones en boca de Bosch: “Tenemos derecho y nos los merecemos”, zanjaba ante la inquietud de quienes verdaderamente crean riqueza. En la sinrazón ideológica, al final, el porque yo lo digo, tanto monta, monta tanto… .

Así, ideología por encima de objetividad. El Estado pone a disposición de als autonomías su red para la promoción económica y comercial en el exterior, desde organismos estatales como el ICEX con su red de oficinas comerciales por todo el mundo, hasta Turespaña, con presencia en más de 100 países. Como ello es evidente, al final Bosch a lo suyo: pretende justificar el alimento monetario a las embajadas aludiendo a que “sobre todo en política exterior, el Estado va en contra” de los intereses de Cataluña. “Cataluña, por su especificidad, debe tener representación propia en los lugares vitales del mundo. La línea de abrir delegaciones es beneficiosa y compensa con creces las inversiones que suponen”, insistía.

Por el contrario, aprovechaba para erclamar que donde realmente se debería recortar drásticamente es en Defensa, ministerio que aún lidera la candidata del PSC y su rival en la urnas, Carme Chacón. “Somos un partido de izquierdas; eso no lo vamos a esconder”, sentenciaba el candidato independentista.

Recordando que los límites de la proyección exterior de los gobiernos autonómicos se deben situar en la competencia del Estado en materia de relaciones exteriores, desprendida entre otros títulos competenciales del artículo 149.1.3 de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre las “relaciones internacionales”, estas embajadas son un auténtico despilfaro en medio de la grave crisis -que luego se esgrime para justificar los recortes sanitarios a los catalanes, por ejemplo-, empezando por los gastos que implica su situación en edificios emblemáticos de altísimo coste. Asi, citando una, la “embajada” de Nueva York cuesta a los catalanes más de 90.000 euros anuales, solo en concepto de alquiler y mantenimiento del edificio.

Para más inri, estas “embajadas” se han establecido muchas veces en lugares donde Cataluña ya tenía representación de alguna oficina comercial o sectorial. De hecho, el fenómeno “multisede” de la acción exterior catalana se produce en diversos países: en Alemania hay nada menos que cinco “embajadas” , en Estados Unidos cuatro y tres tanto en México como en Reino Unido.

Las autonomías tienen tejida una red de 185 oficinas de representación en todo el mundo paralela al servicio diplomático español que costaba en 2009 unos 150 millones de euros, según los datos aportados por el Gobierno al Congreso con todo detalle hace año y medio; gracias a la inquietud del popular Eugenio Nasarre, nos logramos enterar: el Ejecutivo hacía por primera vez una relación completa de embajadas y oficinas de las comunidades autónomas para dejar constancia de la magnitud y descoordinación alcanzada.

Una cuarta parte de esas representaciones eran de la Generalidad catalana. Las comunidades con ejecutivos nacionalistas -también el País Vasco- han creado un servicio diplomático propio con delegaciones -que son copia de embajadas- y tienen instalado en los principales países europeos y americanos. Ponen al frente a un jefe con rango de director general (80.000-100.000 euros anuales más visa para gastos) y una plantilla de funcionarios a su cargo. En Bruselas se repite el modelo y el porcentaje. La Generalidad catalana mantiene una sede ante y frente a las instituciones comunitarias de 1.000 metros cuadrados en dos plantas por la que paga 80.000 euros al año. En ella trabajan 12 funcionarios más su jefe.

Como cada autonomía gasta lo que quiere y ofrece los datos que le viene en gana, es muy difícil dar una cifra exacta de lo que cuestan el conjunto de sus oficinas en Bruselas. Unas tienen sede comprada, otras alquilan, la mayoría sólo facilita el gasto del inmueble sin contar el sueldo de los funcionarios, algunas incluyen al personal de plantilla fija y no los eventuales o becarios. El desorden habitual”. (Ángel Collado 16/10/2011en El Confidencial)

Es necesario un ejercicio de responsabilidad por parte de los gobiernos autonómicos y sus responsables políticos. Si se están introduciendo drásticos recortes en el Estado del Bienestar en sus autonomías (sanidad, educación…) son incomprensibles e injustificables estos antojos nacionalistas.