Díez y Romeo Abogados.- En los últimos años, cada vez hay más casos en los que las convocatorias de concursos públicos audiovisuales no exigen garantías para participar. Extremadura con la TDT y Castilla y León con las licencias de Radio FM decidieron no requerir avales para licitar. Lo que antes era un filtro para garantizar la seriedad de las proposiciones se ha convertido en un serio inconveniente para las empresas de comunicación.

A la vista de los nuevos procedimientos de selección para las nuevas licencias de Radio FM, y debido a la coyuntura económica actual, las CCAA se están planteando no exigir garantía alguna para concurrir.

La justificación jurídica para no exigir garantías a los participantes se encuentra en el artículo 91.1 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, que establece que: “considerando las circunstancias concurrentes en cada contrato, los órganos de contratación podrán exigir a los licitadores la constitución de una garantía que responda del mantenimiento de sus ofertas hasta la adjudicación provisional del contrato”,

Se explicita claramente que la exigibilidad de dicha garantía provisional es potestativa para el órgano de contratación. Y aunque la normativa de contratación administrativa no es de plena aplicación, ha servido de base para legitimar la ruptura de una barrera de entrada a la gestión de emisoras de radio.

En la actualidad, la falta de financiación es uno de los principales problemas que sufren las pequeñas y medianas empresas (Pymes) y los autónomos y la crisis está colocando a muchas empresas en una posición de supervivencia. Hasta la fecha, a las empresas y a los autónomos del sector que participan en los diferentes procesos se les exige, en ocasiones, por parte de las autoridades audiovisuales, la correspondiente garantía provisional. Ello dificulta el acceso a los procesos de licencias audiovisuales ya que la exigencia de la garantía obliga a las empresas a depositar un aval que debe de mantenerse hasta la adjudicación provisional.

Esto significa una dependencia cada vez mayor de las empresas con las entidades financieras, únicamente por participar en un procedimiento de contratación con la Administración.

La autoridad audiovisual de Castilla y León (en las bases publicadas en abril de 2011) tomó la decisión de no exigir avales en el concurso público para otorgar licencias de comunicación radiofónica con el objeto de facilitar e incentivar la presentación de empresas a la licitación pública. La medida favoreció la reactivación del tejido empresarial radiofónico de la comunidad autónoma.

Por ello, los ejecutivos de Valencia, País Vasco, Cantabria, Cataluña y Navarra se plantean la posibilidad de no incluir los temidos avales como requisito previo para la participación en los nuevos concursos de licencias audiovisuales.

*La firma Díez y Romeo, experta en Derecho audiovisual, es la asesora legal de AD.