Cristina Garmendia, ministra de Ciencia e Innovación.

El Gobierno ha destinado una partida de 35.000 euros a un proyecto que estudia cómo puede encarar el Derecho Penal el final de ETA y que propone conceder a los condenados por terrorismo el mismo trato que reciben los presos comunes con el fin de favorecer “un clima de paz social”.

El Ministerio de Ciencia e Innovación ha subvencionado este proyecto de investigación que, bajo el título ‘”¿Qué puede aportar el Derecho Penal para el final del terrorismo de ETA?”, ha reunido a catedráticos, abogados y jueces, como el magistrado de la Audiencia Nacional Ricardo de Prada o el juez central de Vigilancia Penitenciaria José Luis de Castro.

El equipo de investigación y sus colaboradores tiene un horizonte de tres años para presentar las conclusiones de la memoria, aunque ya ha comenzado a sentar las primeras bases. Pese a que el proyecto se desarrollará entre 2012 y 2014, su coordinador, Antonio Cuerda, ha reconocido que el comunicado de cese definitivo de la violencia anunciado por ETA obliga a “trabajar más rápido” a los expertos.

“Se trata de un proyecto para demostrar que no estamos en nuestra torre de marfil, sino que nos preocupamos por los temas candentes y reales de la sociedad”, ha explicado en declaraciones a Europa Press el catedrático de Derecho Penal de la Universidad Rey Juan Carlos, Antonio Cuerda.