Han pasado ya varios meses desde que la izquierda gobernante decidió abrir un nuevo frente en su calculado propósito de fomentar el odio y el enfretamiento entre los españoles. Esta vez se trataba de rescatar del baúl de la infrahistoria los supuestos casos de niños robados durante el franquismo y hasta bien entrada la democracia, poniéndose siempre el acento en la primera etapa.

Los afectados por los presuntos robos de bebés comenzaron a desgranar sus historias a principios de este año y pronto llamó la atención que tardaran tantos años en interesarse por lo que súbitamente se convirtió en una obsesión para ellos. A través de sus testimonios se instaló la duda sobre la existencia de una trama instalada en centros públicos y privados a partir de los años 50 y hasta bien entrado los 90. Pese a ello, ni una sóla prueba sólida ha sido aportada en beneficio de esa tesis. El resultado: los tribunales de toda España han archivado decenas de estas denuncias.

Hasta la fecha, se calcula que se están tramitando en toda España hasta un millar de denuncias por presuntos robo de bebés. Aunque las pesquisas policiales sí están activas, son muchos los casos en los que las fiscalías provinciales han abandonado las investigaciones al estimar que no existían indicios de delito o que éste, en caso de existir, ya habría prescrito.

A la espera de ver cómo avanza esta teoría, los afectados por la causa de los niños robados ya anunciaron que acudirán a la Corte Penal Internacional (CPI) si en España «no les hacen caso y se siguen archivando casos». Así lo ha recalcado el presidente de la Asociación Nacional de Afectados por Adopciones Irregulares (Anadir), Antonio Barroso.