Sólo desconociendo lo que se tejió en España durante el tardofranquismo podríamos sorprendernos ante la llamada Conferencia de Paz de San Sebastián. ETA no existiría hoy ni nunca de no haber sido por el interés de algunos países y de un sector nada desdeñable de la izquierda española.

Las versiones oficiales casi nunca coinciden con la realidad. Hoy empezamos a conocer que el asesinato del general Gabaldón en otoño de 1939 no fue obra de ninguna célula comunista. También existen evidencias claras que apuntan a Francia y a la secretaría norteamericana de Estado como las inductoras del asesinato del almirante Carrero Blanco en diciembre de 1973. En realidad, la transición a esto que algunos llaman democracia fue el resultado de una gran traición a los principios que muchos de sus protagonistas juraron defender.

La liquidación del Estado nacionalcatólico no fue el resultado de ningún consenso entre españoles, ni Suárez y los traidores mellados fueron otra cosa que peleles al servicio de lo que otros habían urdido a nuestras espaldas. La historia del nacimiento de ETA no fue una circunstancia ajena al interés de Francia y EEUU por erosionar desde dentro las pretensiones de aquel insolente Estado nacionalcatólico que logró abrirse paso entre las naciones más importantes del mundo, sin el control de los grandes ‘lobbys’ internacionales que hoy tutelan hasta las preferencias televisivas de los españoles.

Muchos de los que estos años han aparecido como contrarios a ETA vieron en el terrorismo del norte un aliado de incalculable valor estratégico. Durante años, los atentados de ETA contra militares y cargos políticos suscitó en ciertos sectores de la izquierda española un prejuicio favorable. Se le perdonaba la violencia porque ésta sólo iba dirigida a los representantes del odioso Estado franquista. En torno a ETA se forjó una leyenda similar a la de los tradicionales “bandidos generosos”.

Los terroristas de ETA que se vieron aprobados tácita y hasta expresamente, durante la larga etapa final del franquismo, luego no comprenieron por qué, de pronto, se les condenaba, si ellos no habían cambiado y seguían haciendo lo mismo que antes. Algunos sectores de la izquierda española, especialmente de fuera del País Vasco, que más o menos habían aprobado abiertamente las acciones de ETA, entendieron que acabado el franquismo ya no tenía justificación el terrorismo. El tiro en la nuca contra un guardia civil pasó de ser una acción plausible a un suceso reprobado farisaicamente en las incipientes instituciones democráticas. Los antiguos palmeros, entre ellos no pocos franquistas reconvertidos al liberalismo democrático, carecían de legitimidad moral para exigirle nada a ETA. De aquellos barros, los 35 años de sangrientos lodos.

Desde la llegada de los socialistas al poder en 2004, la tramoya transcurre entre pactos en alcantarillas y traiciones a las víctimas. La demolición de España como nación, gracias sobre todo a su debilitamiento moral, está ya lo suficientemente madura para que Kofi Annan y un puñadito de masones hayan puesto su poder e influencias al servicio de un final negociado de ETA. Le va tanto en el desenlace de la comedia que el PSOE calla. Lo peor estos años no ha sido la existencia de ETA, sino su capitalización al servicio de intereses muy concretos y conocidos. Se dice que la organización terrorista habría prometido cesar en la violencia si se le garantizaba la independencia por etapas del País Vasco y el traslado de los presos vascos a cárceles de la región, como paso previo a una generosa amnistía a corto y medio plazo.

De no coincidir con muchos de los objetivos de ETA, alguien del Gobierno tendría que haberle recordado al corrupto de Kofi Annan que todas las medidas de generosidad y de gracia a los terroristas han sido ya concedidas; que el País Vasco goza de amplísimos derechos políticos, con capacidad de decisión en casi todos los campos y con una política fiscal independiente a la del resto de España. Y que si quiere poner orden, lo ponga en su puta Ghana, laminada por políticos tan ladrones como él.

Alguien con autoridad dentro del Estado tendría que haber dicho que el tiempo de un admisible olvido de la sangre y de los crímenes está cancelado. Hacer ahora tabla rasa, que es lo que piden Kofi Annan y una parte del partido socialista, equivaldría a proclamar que las decisiones políticas en España no discurren por cauces de legalidad y que se deciden al dictado de la violencia y del terror. Sería lo mismo que entregar el país entero a la dictadura atroz y abominable de los grupos extremistas, si es que ya no ha sido entregado.

Frente al terrorismo no sirven las concesiones políticas salvo que durante años hayas tenido a los terroristas sentados en tu misma mesa y durmiendo en tu misma cama. Entonces ya no vale la aplicación de tratamientos quirúrgicos si la situación demuestra que no hay otro sistema de recobrar la salud.  ¿Qué les queda entonces? Anestesiarnos a los españoles, que es lo que se lleva haciendo desde que el coche humeante de Carrero Blanco nos anticipó cuál sería el resultado de esta gran estafa democrática.