Rouco Varela y Ramón Jáuregui.

El PSOE se comprometerá en su programa electoral a suprimir los “privilegios” que concede la legislación hipotecaria a la Iglesia Católica, al entender que se trata de una prebenda tributaria “de épocas pasadas y carente de justificación” que, además, se opone al carácter aconfesional del Estado.

Será mañana cuando el Comité Federal del PSOE aprobará su programa para las elecciones generales del 20N, que incluirá una nueva ley hipotecaria para regular la dación en pago, la sustitución del canon digital, becas-salario de hasta 6.500 euros, una nueva ley de la infancia que prohibirá el matrimonio antes de los 16 años y garantizar el poder adquisitivo de las pensiones mediante sucesivas revalorizaciones.

Esas son propuestas que se suman a otras que se han ido desgranando en las últimas semanas y entre las que destacan un nuevo impuesto del patrimonio para las grandes fortunas, otro a la banca para la generación de empleo, un gravamen al alcohol y al tabaco, y la defensa de que a cada político le corresponda un solo sueldo.

La Ley Hipotecaria equipara la Iglesia Católica a las Administraciones territoriales y a las corporaciones de derecho público, y se le faculta para emitir sus propios certificados de dominio en ausencia de títulos escritos. Considera el PSOE que esta facultad resulta contraria “a su naturaleza jurídica y al principio de aconfesionalidad del Estado” y por ello su programa anunciará un compromiso para modificar el artículo 206 de la Ley Hipotecaria y el 340 de su Reglamento con el propósito de “eliminar este injustificado privilegio”.

El presidente de la Comisión de Justicia del Congreso, el socialista Alvaro Cuesta, se comprometió antes de verano a promover la modificación de esta norma para terminar con una práctica que ha permitido a la Iglesia hacerse con muchos inmuebles no registrados.

Desde 1998, el reglamento hipotecario otorga a la Iglesia la misma potestad que al Estado, las provincias, los municipios o las instituciones de derecho público para hacer suyas propiedades no registradas. Según datos de la Plataforma en defensa del Patrimonio Navarro, que se reunió con el diputado Cuesta el pasado mes de julio, sólo en la Comunidad Foral son 1.087 inmuebles en 117 pueblos navarros los que la Iglesia ha hecho suyos desde 1998, en muchos casos fincas o edificios que no son de culto, como casas, parques, jardines, frontones o campos de cultivo.

Capítulo de vivienda

En el capítulo de vivienda, el programa socialista plantea una nueva ley hipotecaria para obligar a las entidades financieras a ofrecer hipotecas en las que la garantía se limite al bien hipotecado, así como actualizar la deducción por compra de vivienda para familias de rentas de 24.000 a 30.000 euros. Igualmente, asegura que el PSOE creará becas-salario de hasta 6.500 euros y estimulará la movilidad estudiantil para que el 20 por ciento realice sus estudios en una Universidad extranjera.

Promete también convocar 500.000 plazas para el reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas mediante la experiencia laboral, así como implantar la sexta hora educativa por las tardes, de asistencia voluntaria para refuerzo y motivación para todos los alumnos de los centros públicos. El PSOE planteará igualmente la posibilidad de que los ciudadanos inviertan sus devoluciones del IRPF en títulos especiales de deuda pública a uno y dos años, de pequeña cuantía nominal, para que aquellos contribuyentes que lo deseen dispongan de un instrumento sencillo y rentable de apoyar al país a lograr una mayor estabilidad financiera y a salir de la crisis.

La aprobación de una ley de cambio climático, la creación de una oficina de lucha contra el fraude, la búsqueda de un gran acuerdo en favor del empleo, un plan de financiación de la sanidad pública, y considerar como numerosas a las familias monoparentales con dos hijos o uno discapacitado son otros compromisos socialistas. A ellos se unen obligar a las principales empresas a que haya paridad en sus consejos de administración, prohibir los anuncios de prostitución, confiscar los bienes de los traficantes convictos de trata de mujeres e impedir la facturación de la electricidad por estimación.