La Fiscalía Anticorrupción ha decidido investigar la gestión realizada por la exdirectora general de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) María Dolores Amorós ante la posibilidad de que hubiera incurrido en un delito penal.

Según informaron fuentes jurídicas, la investigación se abrió la semana pasada tras conocerse algunos detalles sobre las remuneraciones que percibía la máxima ejecutiva de la caja alicantina, que fue intervenida por el Banco de España el pasado mes de julio.

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido a los actuales interventores del Banco de España información sobre las causas que motivaron el cese y despido de Amorós, por si fueran constitutivas de delito penal.

Amorós fue sometida a un despido disciplinario el pasado 28 de septiembre tras conocerse algunos detalles de su gestión al frente de la caja, por la que obtenía una retribución anual de 593.040 euros anuales.

Los administradores consideran que es cuanto menos “reprobable” la gestión de Amorós, a la que acusan de buscar el beneficio propio, falsear las cuentas y realizar una gestión deficiente mientras ocupó el cargo de directora general.

Le acusan, además, de pactar con el expresidente de la caja Modesto Crespo una pensión vitalicia de 369.497 euros por ejercicio, con una revalorización del 2 % anual desde su jubilación.

Para calcular esa cuantía se usó como base su sueldo de directora general, antes de que este cargo fuera ratificado por la Asamblea de la caja, y no la retribución fija de los tres años anteriores como había acordado el consejo de administración de la entidad.

Amorós negó la pasada semana haber cometido irregularidad alguna, y “mucho menos de forma ilegal”, durante sus años en la caja alicantina, al tiempo que destacó que su actuación fue siempre “leal, recta, transparente y ajustada a derecho”.