En Cataluña siguen teniendo vigencia leyes aprobadas por el Gobierno socialista y transferidas a la Generalitat, cuyo elevado coste agrava la situación de las cuentas públicas.

En este sentido, la Ley General de la Seguridad Social, en su artículo 215, establece que los beneficiarios del subsidio por desempleo serán: “los parados que, figurando inscritos como demandantes de empleo durante el plazo de un mes, sin haber rechazado oferta de empleo adecuada ni haberse negado a participar, salvo causa justificada, en acciones de promoción, formación o reconversión profesionales, y careciendo de rentas de cualquier naturaleza superiores, en cómputo mensual, al 75 por 100 del salario mínimo interprofesional, excluida la parte proporcional de dos pagas extraordinarias, se encuentren en alguna de las siguientes situaciones: Ser trabajador emigrante que, habiendo retornado del extranjero, no tenga derecho a la prestación por desempleo y hubiera trabajado, como mínimo, seis meses en el extranjero desde su última salida de España”.

Es decir, que los inmigrantes tendrán derecho a una prestación aún cuando se encuentren viviendo y trabajando fuera del territorio español. 

Asimismo, la citada ley, apoyada en el Congreso por CiU, contempla ayudas económicas a los delincuentes que hayan salido de prisión y que carezcan de prestación por desempleo, “siempre que la privación de libertad haya sido por tiempo superior a seis meses”.

Alrededor del 70% la poblacion reclusa en Cataluña es de origen extranjero. Nos preguntamos por tanto cómo se pretende reducir la delincuencia si seis meses en prisión trae aparejado un generoso subsidio. Son sólo un ejemplo del despilfarro económico de la casta. Claro que a Duran i Lleida lo que en realidad le preocupa es el subsidio que perciben los campesinos andaluces y no las ayudas económicas que se concede a los inmigrantes que delinquen en Cataluña.