La Fiscalía boliviana ha admitido a trámite una demanda interpuesta por una decena de parlamentarios opositores contra el presidente, Evo Morales, a quien acusan de “genocidio” a causa de la violenta intervención policial contra una marcha de indígenas que rechazan una carretera financiada por Brasil.

Según confirmó hoy a Efe el diputado opositor Tomás Monasterio, del derechista Plan Progreso Bolivia-Convergencia Nacional, la denuncia fue aceptada el viernes por la Fiscalía General, con sede en la ciudad sureña de Sucre, capital constitucional del país.

Monasterio explicó que la demanda es por “genocidio” porque el código penal boliviano admite esa figura no sólo cuando hay muertes, sino también cuando se ocasionan “lesiones de inhumana subsistencia” y cuando hay “desplazamientos” violentos de personas, lo que, según dijo, ocurrió el domingo.

“Mujeres han sido maltratadas y amordazadas, niños y hombres han sido golpeados, hubo un uso desmedido de violencia (…) Pese a que fue una intervención policial, el presidente no actuó conforme a las leyes para evitar que haya este tipo de hechos”, agregó.

“Por más que la orden no haya sido dada por el presidente Morales (como afirman las autoridades) su obligación era garantizar los derechos de los indígenas “y no lo hizo”, recalcó.

A partir de esta fecha, la Fiscalía tendrá 30 días para investigar la denuncia y, si encuentra suficientes pruebas, Morales podría ser sometido a un juicio de responsabilidades.

Unos 500 agentes atacaron el domingo con gases lacrimógenos y porras el campamento de los indígenas cerca de Yucumo, a más de 300 kilómetros de La Paz, donde amordazaron a dirigentes de las etnias amazónicas y a mujeres, y trasladaron por la fuerza a decenas de ellos en autobuses y camionetas a pueblos vecinos.

Un informe preliminar difundido el jueves por la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos detalló que el ataque policial dejó más de cien heridos y unos 200 detenidos, “que recobraron su libertad 17 horas después, y además provocó que varios niños y niñas fueran temporalmente separados de sus progenitores”.

Los indígenas han aclarado que la represión no dejó víctimas mortales, como habían denunciado en días pasados algunos de sus dirigentes, la jerarquía católica y varios medios, lo que Morales tildó de nueva confabulación en su contra.

El presidente y su gabinete negaron responsabilidad en el hecho y aunque el mandatario pidió perdón, los indígenas reanudaron hoy su marcha de la Amazonía a La Paz para exigir la suspensión definitiva de la carretera que partirá en dos el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis).

Las etnias y grupos ecologistas rechazan que la carretera, financiada por Brasil, atraviese el Tipnis por los daños ambientales que causará el proyecto y porque temen una invasión de campesinos y productores de hoja de coca, base para la fabricación de cocaína.