La sombra de Rubalcaba es alargada: Revocado el procesamiento de los tres mandos policiales del ‘Faisán’
El Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha decidido revocar el procesamiento de los tres mandos policiales encusados por el chivatazo al aparato de extorsión de ETA, al entender que no hay indicios suficientes para sentarles en el banquillo.
En una decisión sorpresiva, ya que se esperaba que los quince magistrados decidieran si el caso se quedaba en la Audiencia Nacional por un delito de colaboración con ETA o si se enviaba a los juzgados de Irún por entender que era una simple revelación de secretos, la sala ha decidido por unanimidad estimar parcialmente los recursos de apelación interpuestos por el exdirector de la Policía Victor García Hidalgo, el jefe Superior del País Vasco, Enrique Pamiés y el inspector José María Ballesteros contra su procesamiento.
Según la nota difundida por la Audiencia Nacional, “el Pleno aprecia indicios suficientes de un hecho que reviste los caracteres de delito”, o sea que sí que existió la delación policial a ETA en mayo de 2006, pero que “los indicios contra los procesados no son suficientes”, por lo que devuelve el sumario al juez instructor del caso, Pablo Ruz, requiriéndole “una más amplia investigación”.
Al no ver suficientes indicios contra García Hidalgo, Pamiés y Ballesteros, la sala no ha llegado siquiera analizar “la cuestión de la calificación jurídica concreta de tales hechos”.
LA DIGNIDAD DEL ESTADO DE DERECHO, EN JUEGO
La decisión del Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de devolver al juez instructor el caso Faisán y de revocar el procesamiento a los imputados al no considerar suficientes los indicios, aún reconociendo que se cometió un delito, da un giro copernicano a un caso que había trascendido el ámbito de lo jurídico para convertirse en uno de los principales argumentos de la batalla electoral. Los argumentos técnico-jurídicos de esta decisión difícilmente pueden conjurar la incertidumbre, la perplejidad y la sospecha, que embargan a esta hora a cualquier ciudadano.
Al margen de las consideraciones de técnica procesal, que habrá que hacer en su momento, las primeras reacciones coinciden en destacar el desconcierto que produce, una vez más, la sospecha de que la sombra de la política puede modificar el curso ordinario de las decisiones judiciales. Si ya resultaba extraña la decisión de convocar al Pleno y producía inquietud la contradictoria posición del Fiscal, ahora esta decisión parece un malabarismo jurídico que dispara todas las dudas. Y eso no puede ser saludable para nuestro Estado de Derecho.
Con el caso Faisán están en juego la dignidad y la credibilidad de quienes representan al Estado de Derecho, el respeto a la legalidad y a los medios legítimos en la lucha contra ETA. Las víctimas de ETA y los españoles se merecen la verdad sobre este caso. Esperemos que el juez instructor no decaiga en su tarea.