Los Mossos d’Esquadra han atendido a 24 niñas musulmanas para evitar su mutilación genital en un viaje al país de origen durante el primer semestre del año, un 30% más que en el mismo periodo de 2010, y han actuado para prevenir 14 matrimonios forzados, un 42% más, y que en nueve de los casos afectaban a menores.

Según han informado fuentes de la policía catalana, la mutilación genital se ha consumado en cinco de los casos y el matrimonio forzado en dos de ellos, aunque las autoridades pueden perseguir a los autores del delito con independencia de si lo han cometido dentro o fuera de España.

Las niñas con riesgo de mutilación genital proceden de la ciudad de Barcelona (una) y de las provincias de Barcelona (18), Girona (cuatro) y Lérida (una), mientras que las jóvenes atendidas con motivo de matrimonios forzados residen en la capital catalana (una) y en las comarcas de Gerona (cuatro), la Cataluña Central (dos), Barcelona (cinco), el Pirineo Occidental (una) y el Camp de Tarragona (una).

El director general de la Administración de Seguridad de la Conselleria de Interior de la Generalitat, Andreu Joan Martínez, ha destacado que los Mossos d’Esquadra trabajan estrechamente con los servicios sociales, sanitarios y educativos y con los líderes de las comunidades de inmigrantes para hacer aflorar los casos ocultos, que por ahora son la mayoría, y lograr que se denuncien.

“El objetivo es erradicar la mutilación genital y los matrimonios forzados convenciendo al entorno de las víctimas de que son vulneraciones gravísimas de los derechos de las personas, y aumentar el conocimiento de estas prácticas por parte de los agentes”, ha explicado.

Según ha detallado, la mayoría de niñas con riesgo de sufrir mutilación genital son de origen subsahariano, mientras que los matrimonios forzados son una práctica mucho más extendida – se dan en familias subsaharianas, de Oriente Próximo, América Latina y Asia Meridional –, por lo que suponen “un fenómeno mucho más heterogéneo y complejo de abordar”.

El protocolo de prevención de la ablación de los Mossos, pionero en España, considera que las menores están en una situación de alto riesgo cuando sus familias no se han comprometido a abandonar la práctica y tienen previsto un viaje al país de origen en menos de un mes, algo frecuente en verano.

Estos casos se comunican a la Fiscalía de menores, que puede adoptar medidas preventivas tales como someter la niña a revisiones médicas periódicas, retirar el pasaporte a la menor e incluso la custodia a los padres, mientras que si la mutilación se ha consumado, el suceso se traslada al juzgado, donde los responsables del delito se enfrentan a entre seis y 12 años de cárcel.

El matrimonio forzado no está tipificado como delito -tiene un paraguas jurídico difuso, ha lamentado Martínez–, pero el atestado policial recoge aspectos que sí están reconocidos por el Código Penal, como coacciones, amenazas y maltratos: “Diversas afectadas ya han acudido a las autoridades con la ayuda de los servicios sociales. El objetivo es que recuperen la libertad para denunciar”, ha concluido.