El mangoneo económico en la diputación granadina durante los últimos años no llama la atención por sus cifras sino como síntoma de hasta qué punto se ha instalado la desfachatez en el quehacer de muchos gobernantes, en todas las instituciones. Desde las instituciones europeas, pasando por las distintas autonomías, gobierno central, local o provincial.

El cambio de color político en las administraciones está dejando un reguero de corruptelas que llegan hasta el extremo del cobro de dietas por cumplir con el trabajo cotidiano. Ocurrió en la Diputación de Granada, gobernada por el binomio PSOE-IU, durante casi 30 años de gobierno de ésta institución, según ha salido publicado en todos los medios en éstos días.

Durante la anterior legislatura, en la que gobernaba el PSOE con el apoyo de Izquierda Unida, existió en este organismo provincial granadino un sistema para el cobro de sobresueldos por parte de los diputados con dedicación exclusiva a través de una partida denominada “atención a la delegación”.

Concretamente, representantes del PSOE y de IU recibían pagos extra de 40 euros en lo que se denominaba “horario normal” y casi 90 euros si era a partir de las diez de la noche. Esto incluía reuniones de despacho o asistencia a exposiciones, festivales, inauguraciones e, incluso, cenas.

El esperpento era tal que diputados de las formaciones anteriormente citadas llegaban a cobrar por asistir a reuniones o plenos en los ayuntamientos de los que eran concejales. Traducido: dos dietas, la de su ayuntamiento y la de la Diputación granadina.

Está claro que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Según los primeros cálculos, la nueva corporación provincial que gobierna los populares, se encontró con un gasto durante los últimos años de 126.000 euros en concepto de dietas y de 102.000 euros en concepto de locomoción. Pese a la época de crisis, una auténtica golfería política. Por ejemplo, un diputado de IU cobró dietas por asistencia a un festival de flamenco o a un festival de jazz, por ir a Madrid a una reunión del Ateneo Republicano o por mantener una reunión en el despacho de la Diputación con un grupo de artistas.

Por su parte, otro cargo se reembolsó dinero extra por mantener reuniones con distintas asociaciones de mujeres, asistir a debates en medios de comunicación o anunciar su asistencia a un desfile benéfico al que nunca llegó a ir. O, el colmo, un diputado que cobró una dieta por asistir como invitado a una cena u otro por participar en las procesiones de su pueblo.

Casos claros de uso indebido de fondos públicos de éstos diputados provinciales. Un robo a las arcas de todos los granadinos, después de tener unas remuneraciones de 25.000 ó 50.000 euros anuales, según estuvieran a dedicación exclusiva o parcial en la Diputación granadina, con un complemento de 2.200 € para portavoces y delegados. La asignación anual se elevaba a 55.000 € para los vicepresidentes y 62.400 para el presidente. Habida cuenta de que la corporación de la diputación provincial la forman concejales y alcaldes designados por sus ayuntamientos.

Los diputados que formaban la anterior corporación granadino no han trincado a manos llenas, no. Han hecho lo que han podido y lo que les inspiraba el cutrerío ético, ideológico y social en el que están instalados tantos gobernantes de cualquier partido de nuestra querida clase política de nuestra querida patria.

¿Tiene o no tiene guasa lo de la Diputación de Granada? Pues a ver quién da más. Por cierto, una vez descubierto el pastel, que los agraciados de ese despelote económico devuelvan el dinero de las dietas que han cobrado indebidamente. ¿A ver quién lo hace el primero?