Con cerca de 900.000 personas, la rumana es la colonia extranjera más numerosa de España. Aunque España ya era un destino migratorio para los rumanos, durante los años 90, ese flujo aumentó con el ingreso de Rumania a la Unión Europea, en 2007.

Al principio, hubo una moratoria que duraría hasta 2014, pero el gobierno español la levantó en 2009, lo cual permitió a los rumanos los mismos derechos de libre tránsito y empleo que a cualquier otro ciudadano europeo.

Legalmente no se permite hacer una distinción étnica, pero se calcula que cerca de la mitad de los rumanos llegados a España durante los últimos años son gitanos, según algunas organizaciones defensoras de los derechos del pueblo gitano en España.

En el decreto que aprobó hace dos semanas, el Consejo de Ministros argumenta que se les exigirá permiso de trabajo a los rumanos para “vincular el flujo de entrada a las necesidades del mercado laboral”.

El portavoz del gobierno explicó que con el decreto vuelve a entrar en vigor la moratoria y así se evita “que estas personas caigan en la economía sumergida y sean víctimas de abusos y explotación laboral”.

El gobierno de Rumanía calificó la medida como “estrictamente técnica”, los partidos antiinmigrantes la aplauden, pero los sindicatos y las organizaciones gitanas advierten que puede ser un instrumento de xenofobia y lograr un efecto contrario al que se anunció.

“Una herramienta legal”

Curiosamente, muchos gitanos rumanos argumentan que vinieron a parar a España por la persecución de la que han sido víctimas en su propio país.

Además, el nomadismo es una característica fundamental de esta etnia, precisamente por la persecución de la que han sido objeto a lo largo de los años en muchos países.

Por lo tanto, sus medios de subsistencia no suelen estar asociados a los sectores formales de la economía, sino a trabajos temporales o la economía sumergida.

Las organizaciones defensoras de los gitanos ya advirtieron que vigilarán muy de cerca la aplicación de esta ley porque temen que se utilice para perseguir a los gitanos “exigiéndoles un contrato de trabajo”.

Cristóbal Laso, de la Federación de Asociaciones Gitanas de Cataluña, advierte que el nuevo decreto “en las manos equivocadas” puede llegar a ser “una herramienta legal para ejercer la xenofobia contra los gitanos”.

Aunque el decreto se refiere a los rumanos que quieran entrar a España, Laso teme que la interpretación final de la ley termine afectando a quienes ya están aquí “si no tienen un contrato de trabajo”.

Al igual que ocurre en muchos países europeos, el término gitano tiene en España una connotación despectiva. Eso, cree Laso, también forma parte de la persecución contra su etnia.

“Hay un discurso mediático que nos estigmatiza como intrínsecamente peligrosos”, se queja. Apoyado por ese discurso, el nuevo decreto del gobierno español –advierte Laso- puede dar lugar a una “xenofobia encubierta”.

El dirigente gitano apunta que el mismo discurso mediático ha hecho que se identifique a todos los rumanos como gitanos “con lo cual, cualquier rumano, de cualquier condición, es objeto de la misma discriminación (que los gitanos)”.

“Trabaja en España”

Comisiones Obreras (CC.OO.), una de las principales centrales sindicales del país, criticó por su parte el decreto que exige permiso de trabajo a los rumanos porque creen que además de ser difícilmente aplicable, logrará el efecto contrario al anunciado por el gobierno.

El problema, explican, es que existen empresas de trabajo temporal que ofrecen contratos de trabajo a personas en Rumania, pero en condiciones muy desventajosas para los trabajadores.

En ese sentido, un trabajador rumano podría ingresar a España cumpliendo el requisito de tener un contrato, pero formando parte de un circuito de “tráfico legal de mano de obra extranjera más vulnerable”.

Agregan que el efecto práctico de la ley será nulo porque “los ciudadanos rumanos podrán seguir entrando y residiendo libremente en territorio español, pero se les va a condicionar su capacidad para trabajar de forma legal”.

Las consecuencias según advierte CC.OO., serán un repunte del empleo no declarado, más personas trabajando en la economía sumergida, falsos trabajadores por cuenta propia y deterioro general de las condiciones de trabajo.