Cincuenta millones de dólares para aislarse de los inmigrantes. Esta es la suma que pretenden recaudar los legisladores del Estado norteamericano de Arizona para poder construir una muralla en la frontera con México. Las autoridades han lanzado una campaña en internet con el fin de recabar el dinero para levantar un muro que -según ellos- los ayudará a interrumpir el tráfico de drogas y a combatir la delincuencia en la zona.

Al frente de esta campaña se encuentra el senador estatal Steve Smith, que asegura que el dinero irá destinado a la protección de los 131 kilómetros en la zona fronteriza (entre el Estado de Arizona y el de Sonora, en México), así como a la formación de un Comité de Seguridad de la frontera común, un grupo militar integrado por miembros del Senado y de la Cámara de Representantes de Arizona que patrullará cientos de kilómetros a lo largo del Río Bravo.

La campaña se desarrolla al amparo de la gobernadora de Arizona, Jan Bewer, que después de criminalizar la inmigración con la ley SB 1070, promulgó una iniciativa para construir muros fronterizos usando donaciones privadas y la mano de obra gratuita de los reclusos de las ciudades de Phoenix, Tucson y Douglas.

No es la primera vez que la gobernadora se lanza a reunir fondos en internet: ya cuando las cláusulas más polémicas del estatuto SB 1070 fueron suspendidas por orden de un juez federal, Brewer inició una campaña de recaudación para cubrir los gastos legales causados por la defensa de la norma antimigratoria. Si bien logró recuperar las pérdidas en un corto periodo de tiempo, las consecuencias de aquella legislación aún continúan afectando a la comunidad hispana de Arizona, que abarca el 30% de la población del estado.

La construcción del muro es sólo una parte de toda una serie de medidas estatales dirigidas a regular la inmigración ilegal. Varios expertos en estudios demográficos advierten que el conjunto de nuevas leyes estatales podría generar un éxodo masivo de los hispanos de la región a otros lugares con mayor tolerancia racial.

Mientras tanto, diversos grupos de defensores de los derechos humanos consideran que la creencia de que la tasa de criminalidad es más alta en las ciudades fronterizas es completamente errónea. El 83% de los estadounidenses cree que la delincuencia allí es mayor gracias al influjo mediático de algunos políticos. Sin embargo, los activistas sostienen que en Estados como California, Arizona, Texas y Nuevo México el porcentaje de muertes y crímenes contra la propiedad es uno de los más bajos, una tendencia que -según ellos- se mantiene desde 1998.

El uso de presidiarios para construir el muro fronterizo entre EE. UU. y Mexico podría “conllevar riesgos para la seguridad” y aumentar la criminalidad en la zona, opina el activista Jaime Farrant.

“En la legislatura se comentó que los presos podrían escaparse una vez trasladados a la frontera, y lo que respondieron en el estado de Arizona es que si los presos deciden irse a México, el país los puede recibir, porque Arizona supuestamente lleva años recibiendo presos mexicanos”, sostiene el activista.

Para Farrant esta actitud “arrogante y despectiva” demuestra que todo se trata de “una campaña política” y no realmente de “un esfuerzo serio para refirmar el sistema de inmigración”.