El Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública (Ceacop) anunció el pasado 11 de julio que llevará ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) casos concretos de expedientes de obra impagados por las distintas administraciones públicas. El fiscal superior de Andalucía, Jesús García Calderón, se comprometió a abrir diligencias indagatorias de los casos concretos que las empresas de obra pública, a través de Ceacop, les demanden, en los que haya indicios de algún tipo de irregularidad. El montante de la deuda de las Administraciones con estas empresas asciende a 2.000 millones de euros, de los que la mitad, 950 millones, corrresponden a la Junta de Andalucía.

Para que se tenga constancia de la gravedad de los impagos, lo mejor es un ejemplo aportado por la propia CEACOP. A lo largo de 2011 cesarán su actividad más de 200 empresas granadinas de obra civil. Además, la desaparición de estas constructoras, el 30% de las que operan en la actualidad en la provincia, tendría un coste muy elevado para el empleo, ya que supondría la destrucción de 8.000 puestos de trabajo.

Por cierto, que uno de los casos concretos que los gestores de Ceacop reseñaron fue el de los impagos de la obra del Metro de Granada, gobernada por el PP, cuyas certificaciones llevan sin ser pagadas desde octubre de 2010. Estos impagos están provocando la destrucción diaria de 280 empleos en el sector de la construcción en el primer trimestre del año, y que si los impagos se mantienen podrían destruirse otros 60.000 empleos a lo largo de 2011.

Ceacop ha comunicado a sus 350 empresas asociadas la posibilidad de demandar ante la Fiscalía los incumplimientos de los contratos de obras.
Hasta el momento, se está cuantificando la deuda con sus intereses de demora y preparando toda la documentación para aportarla a la Fiscalía con el objeto de que tome cartas en el asunto debido a los continuos retrasos de los pagos de las diferentes administraciones a sus proveedores, incumpliendo la Ley de Lucha contra la Morosidad; además de la falta de reconocimiento por parte de los organismos contratantes de obras ya ejecutadas.

La morosidad de la Administración se vislumbra ya como una más de las causas claves de la situación de asfixia económica y como elemento añadido a la crisis que se vive. No es que no haya obras nuevas, que ya es gravísimo. Es que no se cobraron las antiguas ya realizadas. En los últimos tres años, las deudas que soportan las empresas de la obra pública han crecido un 36%. Del total de la deuda, el 75% es directamente de pagos pendientes de organismos públicos por obras contratadas y ejecutadas.

Sólo en la provincia de Sevilla y según Ceacop, 16.000 trabajadores de la obra pública están a punto de perder su empleo actual y 400 constructoras e ingenierías irán a la quiebra. En total, en 2009 la inversión llegó a 1.419.908.113 euros mientras que el año pasado descendió a 691.960.765 euros. De esas cantidades hay que resaltar que los mayores descensos los registraron el Gobierno central y la Junta de Andalucía, con un 59%, seguidos por los ayuntamientos (30%) mientras que la Diputación subió la cuantía un 94% y las universidades un 9%.

El Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública (Ceacop) han valorado el compromiso de pago de la deuda, anunciado por la Consejería de Obras Públicas y Vivienda, hecho hace una semana, aunque ha pedido a la Junta de Andalucía una mayor “concreción en su plan de pagos”. Según ha recordó Ceacop en una nota, desde hace meses, la asociación venía reclamando una respuesta en esta línea por parte de la Junta de Andalucía, por lo que confía en que esta inyección económica permita “reducir las cifras de destrucción de puestos de trabajo y de empresas en el sector”.