Paquistaníes y rumanos en el barrio de La Salut (Badalona).

En la primera mitad del siglo XVI, el crecimiento demográfico y, en paralelo, el aumento de la pobreza en toda Europa llevó a muchas ciudades a introducir criterios para el acceso a las primeras políticas sociales. Y se instauró la norma de que para acceder a la ayuda era necesario que los solicitantes estuvieran empadronados en el municipio. Es evidente, pues, que el debate sobre qué criterios seguir para distribuir la solidaridad en tiempos de escasez no es nuevo, pero en las últimas semanas en Cataluña se ha introducido de forma menos disimulada que nunca el debate de establecer filtros para favorecer a la población autóctona o la que lleva más tiempo residiendo aquí para encarar la gestión migratoria. El último caso ha sido la propuesta del alcalde de Salt (Gironès), Jaume Torramadé (CiU), de fijar un cupo de inmigrantes en cada población y reservar la compra o alquiler de pisos en el centro de la ciudad a los autóctonos.

Pero no es un caso único. El Ayuntamiento de Reus (Baix Camp), también de CiU, requerirá dos años de residencia en la ciudad para acceder a las becas de comedor escolar, en lo que es un criterio previo al del nivel de renta de la familia. La Conselleria de Benestar Social ha introducido una medida similar: las ayudas por nacimiento se limitaran a quienes lleven cinco años residiendo en Catalunya. Una vez superada esta criba, habrá que acreditar unos ingresos máximos aún por definir. También la ayuda a quienes carecen de cualquier tipo de prestación, la Renta Mínima, ha cambiado. La Conselleria de Empresa i Ocupació restringe el acceso a esta ayuda, de unos 500 euros, a quienes acrediten llevar al menos dos años en Cataluña.

NO TAN NUEVO

El Govern sostiene que no es una criba nueva y que el tripartito la aplicó, por ejemplo, en ayudas para vivienda social. Pero hay algo más. Como admite la responsable de Bienestar Social del Ayuntamiento de Reus, Montserrat Vilella, «la gente de la ciudad te dice: llegan y tienen inmediatamente todas las ayudas». Vilella reconoce que no se ha cuantificado cuál va a ser el impacto económico del filtro de los dos años de residencia en Reus, pero en ningún caso lo considera injusto respecto a familias necesitadas que no cumplen la condición. ¿Se trata de hacer efectivo lo de primero, los de aquí? «Sí, pero depende de como lo digas es fatal. No me considero racista pero entiendo que a nivel social tenemos que cambiar la mentalidad. Ha llegado un momento en que daba la sensación de que la administración lo tenía que pagar todo», opina Vilella.

Esta limitación de los servicios sociales en función del origen es rechazada desde la izquierda. La secretaria de Estado de Inmigración, Anna Terrón, avanza que habrá que verificar el encaje legal de medidas que «excluyen a inmigrantes y a otro tipo de ciudadanos» porque «limitan la igualdad de derechos». Ismael Palacín, responsable de la Fundació Bofill, afirma: «Se está jugando al corto plazo con la idea de ir de duro, pero las personas que ya están aquí son nuestros vecinos y serán los trabajadores productivos de mañana. No dar oportunidades es no sembrar lo que necesitamos para tener una sociedad cohesionada».

ELEVAR EL TONO

Más allá del filtro por procedencia, se han producido proclamas con gran eco mediático, como el anuncio del nuevo alcalde de Badalona, Xavier García Albiol (PP), de que expulsaba del padrón a 466 ciudadanos, «el 75% de ellos extranjeros», según destacó. Un trámite habitual en los municipios cuando se comprueba que los ciudadanos dejan de vivir en la ciudad.

Para Anna Terrón, tras las elecciones locales se ha entrado en una «competición para ver quién eleva más el tono con comentarios-proclama», lo que en ningún caso beneficia políticamente a quien entre en esta dinámica. «Si pensamos que para competir con este mensaje, lo tenemos que amplificar, estamos muy equivocados. Tanto la izquierda como la derecha francesas y holandesas lo han vivido. Si desde posiciones políticas mayoritarias no combatimos estereotipos sino que nos sumamos a la política declarativa de subir el tono, legitimamos a las opciones xenófobas».

Pero la izquierda tampoco muestra un discurso alternativo firme. Lo admiten en privado voces municipalistas del PSC y lo asume en público el alcalde de Lérida, Àngel Ros: «La izquierda no tienen un modelo alternativo claro y así nos ha ido en las elecciones. Dos de los problemas sobre los que nos falta tener posiciones consolidadas son la integración de la inmigración y la seguridad del espacio público. Debemos hacer un discurso de derechos y deberes y desde la dignidad del espacio público».

Al respecto de este debate, el nuevo gerente de Igualdad en el Ayuntamiento de Barcelona, Àngel Miret, introduce una tercera vía: «Yo no tengo el criterio de primero, los de aquí, pero los presupuestos son limitados y hay que establecer criterios razonables de plazos de tiempo para evitar picarescas».