Procesados tres mandos policiales a las órdenes del exministro Rubalcaba por colaborar con ETA
El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha procesado al ex director general de la Policía Victor García Hidalgo (en la foto, junto a Pérez Rubalcaba), al jefe superior de Policía del País Vasco, Enrique Pamies, y al inspector José María Ballesteros por el “chivatazo” a la banda terrorista ETA por los delitos de colaboración con organización terrorista o encubrimiento y revelación de secretos.
En un auto dictado este miércoles, el magistrado concluye que los tres mandos policiales, que tras este auto se sentarán con toda probabilidad en el banquillo de los acusados, “pudieron filtrar a ETA detenciones inminentes que se iban a producir”.
El juez detalla la existencia de 12 indicios que corroboran la presunta actividad delictiva de los tres procesados, entre los que se encuentra la confirmación de la presencia junto al bar ‘Faisán’ de Irún (Guipúzcoa) del inspector Ballesteros en los minutos previos a la llamada telefónica mediante la que supuestamente se produjo la delación.
También destaca “la clara disfunción en el normal y habitual funcionamiento de la cadena jerárquica de mando cuando finalmente tuvo lugar el operativo previsto”, el análisis de los cortes que presentaba el vídeo de vigilancia y “las consecuencias inmediatas originadas por la llamada” con la que supuestamente se llevó a cabo el soplo.
Además, el juez deniega la práctica de nuevas diligencias solicitadas por las defensas de los tres procesados, que tendrán que prestar declaración indagatoria el próximo 19 de julio, así como la petición de sobreseimiento de la causa que habían formulado sus defensas.
La delación a la organización terrorista se produjo el 4 de mayo de 2006 en el bar Faisán de Irún (Guipúzcoa) e impidió el desarrollo de una operación policial contra el aparato de extorsión de ETA.
PP: «Rubalcaba queda inhabilitado e incapacitado para cualquier cargo público»
“Rubalcaba queda inhabilitado e incapacitado para cualquier cargo público”. De esta manera tan contundente ha valorado Soraya Sáenz de Santamaría el auto de procesamiento de Víctor García Hidalgo, ex director general de la Policía, del máximo responsable de este cuerpo en el País Vasco, Enrique Pamies, y del inspector José María Ballesteros por los presuntos delitos de colaboración con organización terrorista o encubrimiento y revelación de secretos.
La portavoz del Grupo Parlamentario Popular ha asegurado que la justicia acusa al que fuera número 3 de Interior, durante el mando de Alfredo Pérez Rubalcaba, “del delito más grave” que se le pueda atribuir a aquellos que, precisamente, deben luchar contra ETA. Por ello, ha insistido que el aspirante socialista a la Moncloa también queda “ilegitimado” para pedir la confianza de los españoles.
Sáenz de Santamaría ha ironizado sobre el hecho de que Rubalcaba haya abandonado sus cargos en el Gobierno tan sólo dos días antes de conocerse este auto judicial, un hecho que impide a los populares pedir explicaciones a Rubalcaba en sede parlamentaria, aunque ha recordado que le preguntaron por esta cuestión “en innumerables” ocasiones obteniendo evasivas en vez de respuestas. Sin embargo, considera insoslayable la necesidad de que el aspirante socialista se justifique de manera pública. Ha adelantado, asimismo, que sí interpelarán en la Cámara baja a Antonio Camacho, actual ministro del Interior y secretario de estado de Seguridad en el momento en el que se produjo el chivatazo a ETA en el bar Faisán de San Sebastián.
La respuesta del PSOE
El PSOE ha salido a responder con inmediatez estas acusaciones del PP contra Alfredo Pérez Rubalcaba, al que considera “inhabilitado” tras el auto de procesamiento contra el ex director general de la Policía por el ‘caso Faisán’.
El diputado socialista Antonio Hernando ha considerado que Soraya Sáenz de Santamaría se ha precipitado al reclamar la “inhabilitación” del ex ministro del Interior por un auto de procesamiento “en el que ni se le menciona ni una sola vez”. Hernando se ha preguntado como una jurista como la portavoz del Grupo Parlamentario Popular ha podido cometer este error que ha atribuido al “miedo” que siente el PP ante la fortaleza de Alfredo Pérez Rubalcaba como candidato a la Moncloa.
El portavoz socialista ha insistido en que hay que respetar los procedimientos judiciales “y esperar a ver como acaban”. En cualquier caso, ha subrayado que el auto conocido hoy “exculpa totalmente” al actual ministro del Interior Antonio Camacho y “ni siquiera mencionada” al anterior ministro, es decir, a Alfredo Pérez Ubalcaba.
Malestar policial por los procesamientos
La decisión del juez Pablo Ruz ha causado malestar en las organizaciones policiales. El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha calificado de “vergüenza” la imputación del jefe superior de Policía del País Vasco, Enrique Pamiés, y del inspector José María Ballesteros, mientras que la Confederación Española de Policía (CEP) ha denunciado que en el caso hay una “responsabilidad política” que deben asumir quienes dirigían entonces el Ministerio del Interior, en alusión a Alfredo Pérez Rubalcaba y al entonces secretario de Estado para la Seguridad, Antonio Camacho.
El SUP, a través de su Comisión Ejecutiva Nacional, ha asegurado que tanto Pamiés como Ballesteros tienen una “dilatada hoja de servicios en la lucha antiterrorista” por lo que rechazan que se les haya imputado por el soplo a ETA. Asimismo, esta organización sindical sostiene que el caso Faisán es “un procedimiento injusto que vulnera derechos constitucionales”.
Puntos oscuros
El sindicato reclama a la justicia que aclare puntos oscuros que a su juicio existen respecto al inspector jefe Carlos Germán, que fue el encargado de investigar el caso Faisán dentro de la propia Policia Nacional. En primer lugar, el SUP se pregunta por qué se designó a Carlos Germán para este proceso interno sobre el soplo a la banda etarra,”cuando su homólogo por parte de Francia era un comisario”. Además, este sindicato se pregunta por las “razones” que llevaron a la designación de este policía como “perito” ante el juez Baltasar Garzón, que fue el primer instructor de la causa. Según el SUP, al ser nombrado perito, los informes de Carlos Germán “no tenían que ir avalados por pruebas, sino que el mismo informe policial era una prueba”.
Por su parte, la CEP ha insistido en reclamar responsabilidades políticas. El portavoz de la entidad, Lorenzo Nebreda, ha señalado que aunque pueda haber una “responsabilidad policial” en el chivatazo a ETA, en la Policía Nacional “no se toma una decisión de cualquier calado a nivel terrorista sin que el secretario de Estado y el ministro del Interior tengan conocimiento”. Ha aludido así a Rubalcaba y a Camacho que, cuando se produjo el chivatazo a la banda en el 2006, eran ministro del Interior y secretario de Estado respectivamente.
Poco a poco todos estos traidores a la patria y colaboradores con banda armada irán cayendo. Hay que juzgarlos, condenarlos y que se pudran en la carcél.