Los miembros de la junta directiva de la SGAE, entre ellos Caco Senante y Víctor Manuel.

Antonio Papell.- Sucede a menudo en el escalón municipal, en general en pequeños ayuntamientos: como si de una secta se tratara, los vecinos de los pueblos en que su alcalde es acusado de corrupción urbanística salen extrañamente en su defensa en una especie de Fuenteovejuna al revés. Sin acabar de ver que los alcaldes corruptos son pura y simplemente expoliadores del dinero de todos, el populacho se erige en defensor de su particularismo frente al Estado, frente a la civilización, frente a la Justicia.

El comportamiento de la SGAE, es decir, del consejo entrante, que es en todo semejante el saliente -no en vano el juez cree que las elecciones han sido claramente manipuladas por los corruptos que no podían consentir perderlas para que no se descubriese el pastel-, es sencillamente indecente. En lugar de mostrarse indignados con unos representantes que han traicionado su confianza y que se han enriquecido a costa del esfuerzo ajeno, han actuado con indolencia, en un absurdo tono melifluo que destila comprensión.

El cantante Víctor Manuel ha sido hoy el encargado de leer un comunicado en el que se anuncia la próxima constitución de una comisión rectora «que asuma las funciones directivas de forma provisional y lleve a cabo una investigación interna» que culminará con un informe que se entregará ante la Audiencia Nacional.

En la comparecencia ante la prensa también han intervenido Sabino Méndez, Caco Senante y Ernesto Caballero, que han aclarado con vergonzante unanimidad que «Teddy Bautista continuará en su puesto al menos hasta el día 12 de julio», aunque quedará a disposición de esta junta. Síndrome de Estocolmo o, sencillamente, cobardía moral.

Según estos portavoces de la asociación, dicha comisión dirigirá y supervisará además las tareas diarias de la organización. «Mientras dure la investigación quedará en suspenso cualquier nombramiento», ha dicho Víctor Manuel, quien ha aclarado que la comisión estará conformada por cuatro autores y un editor y estará dirigida por un presidente «independiente y de reconocido prestigio», con el objetivo de garantizar la máxima transparencia. «Tenemos que averiguar qué ha pasado», han concluido.

Para saber qué ha pasado, les bastaría con leer el auto del juez y los periódicos, en papel y en Internet. Teddy Bautista ha defraudado la confianza de quienes la depositaron en él y nos ha tomado el pelo a todos con su puritanismo fundamentalista en la supuesta defensa de los derechos de sus asociados.

Aquel sujeto antipático que cobraba las tasas en los homenajes a las víctimas del terrorismo, que quería meter en la cárcel a los desgraciados del top manta, que nos miraba por encima del hombro, ha organizado con sus secuaces un colosal latrocinio.

El Gobierno alega que no tiene competencias para vigilar a la SGAE

El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, ha recordado que el Estado no tiene competencias en la «vigilancia y supervisión» de las entidades de gestión de derechos como la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) tras la investigación sobre un supuesto desvío de fondos en esta entidad.

Caamaño ha respondido así a las acusaciones del PP que ha recriminado al Ejecutivo la falta de vigilancia sobre la SGAE y ha aclarado que una sentencia del Tribunal Constitucional de 1997 dictaminó que el Estado no tiene competencias de control sobre estas entidades.

El ministro ha señalado que si bien la Ley de Propiedad Intelectual determina que el Ministerio de Cultura tiene algunas competencias de inspección sobre sociedades como la SGAE, una sentencia del Alto Tribunal dictó que ese artículo «era contrario al órgano constitucional de competencias». «Es bueno que todos sepamos que hay una ley, pero también que después hubo una sentencia del Constitucional que ha colocado las cosas en términos distintos», ha añadido el ministro.

Presunción de inocencia

En referencia a la investigación abierta sobre el supuesto desvío de fondos desde SGAE mediante un entramado de empresas, Caamaño ha pedido respeto a la presunción de inocencia de los imputados pero también para el trabajo de jueces, fiscales y fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. «Dejemos que lleven a cabo sus investigaciones en el esclarecimiento de los hechos y si alguien ha cometido un delito que se aplique a la ley», ha concluido.

El pasado viernes, coincidiendo con la investigación judicial de la SGAE , el Ministerio de Cultura aseguró que esta sentencia del Alto Tribunal determina que la labor de control y fiscalización de las actividades de las entidades gestoras corresponde a las comunidades autónomas.