M.M.- Si fuese una autopista, en España el límite de velocidad sería irrisorio en comparación con otros vecinos europeos. Los bajos del coche sufrirían un asfalto casi impracticable en algunas zonas y en el peaje habría que hacer malabares para recuperar hasta los veinte céntimos que se cayeron debajo de la alfombrilla. Esa es la paradoja que sacude a la banda ancha. La OCDE ha vuelto a situar al ADSL español en el furgón de cola de sus países miembros. Rezagado a los últimos lugares del ranking de velocidad de acceso a Internet, cuenta con el cuestionable y criticado honor de coronar la lista del precio que se paga por este servicio. En total, el coste medio supone un total de 40,2 euros mensuales (incluyendo cuota de línea), el más caro de los 34 países que han sido objeto de este estudio.

Ocurre lo mismo al intentar rastrear la opción más barata del mercado que puedan contratar los usuarios. En el caso de España la OCDE señala que el mejor precio de entrada asciende hasta los 31,3 euros. Una clasificación que lidera junto a Chile, Corea y Nueva Zelanda. Una cifra que dobla lo que pagan en países de nuestro entorno como Reino Unido y que casi triplica el precio más asequible para contratar banda ancha que ofrecen en Japón o Turquía. Sobre las conexiones más habituales, el estudio concluye que en España la más contratada ronda una velocidad de descarga de 8.000 kilobytes por segundo. Algo que, aunque está por delante de países como Chile o Irlanda, dista mucho de parecerse a Holanda (27.500 kb/s) o Italia (20.000 kb/s). Por no hablar de otras potencias como el caso francés o nipón que ofrecen hasta 100.000 kb/s confirmándose como los ‘grandes velocistas’.

«El problema es que en España no existe una competencia real». Este análisis la hace Víctor Domingo, presidente de la Asociación de Internautas, el mismo que en los últimos días ha salido a la palestra pública con toda la polémica suscitada en la SGAE. «Este y los anteriores gobiernos auspiciaron una política de mercado en el que se revenden los servicios de las principales operadoras», crítica.

La pasada semana, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) hizo público un informe en el que reconocía que cerca de medio millón de hogares en España no podían acceder a la banda ancha. En palabras de Víctor Domingo este «es uno de los problemas derivados del funcionamiento de la oferta» en este sector. El dato llama aún más la atención si se recupera la promesa del ministro de Industria, Miguel Sebastián, que prometió que el acceso a Internet a un mega por segundo sería un derecho universal el pasado 1 de enero. Algo que a día de hoy parece algo improbable en áreas de Castilla y León o Castilla-La Mancha, donde incluso algunos de sus municipios no tienen ni una sola conexión de banda ancha porque sencillamente el cable de cobre no puede soportarla. «Los operadores no han hecho una inversión notable para mejorar las infraestructuras ya que no les resulta rentable», denuncia a la par que señala que este problema, aunque no tan grave, es «generalizado».

«Yo vivo en un barrio a las afueras de Madrid donde la oferta es limitadísima. Solo tengo la opción de contratar la banda ancha de un mega de Telefónica. Nada más», agrega el presidente de la Asociación de Internautas. «El Gobierno no ha terminado de entender que esto es un derecho, no un simple producto comercial», reflexiona. Víctor Domingo asegura que desde su posición viene defendiendo que el desarrollo de las herramientas para «salir de la crisis» económica. «Y no lo decimos solo nosotros. De esto también ha hablado un tal Obama, que creo que le conocemos todos», añade.

Por último, Domingo pide al Gobierno que actúe primero «para asegurar un derecho de las personas» y segundo, para bajar el precio. Bernardo León, presidente de la CMT, aseguró en que trabajaría para bajar las cuotas que tienen que pagar los usuarios. «Podían haberlo hecho antes -asegura-, es su obligación. Si el mercado es incapaz de proporcionar un acceso universal, el Gobierno debe hacerlo tanto en el plano legislativo como invirtiendo en infraestructuras», concluye.

Barreras de entrada

Otra de las complicaciones del actual ecosistema de las ‘telecos’ en España es la posición hegemónica de Telefónica. «Es una compañía muy fuerte y por tanto tiene una influencia acorde con esa situación. Las operadoras funcionan en realidad como un oligopolio», analiza Javier Vacas, director general de Asset Media, una consultora especializada en el sector. «La oferta es muy limitada. Parece que hay más de lo que realmente», recuerda.

También hace mención al tema de las infraestructuras, puesto que en su opinión las redes al no estar liberalizadas suponen «barreras de entrada» a otros actores, como las operadoras virtuales, como Yoigo. «Los operadores virtuales no han terminado de cuajar. Si analizamos los últimos datos de acceso algunos de estas han tenido un fuerte crecimiento puesto que son más ágiles en los precios», explica. «A los grandes no les interesa avanzar en esta dirección», lamenta.

Uno de los pocos consuelos que puede tener el sector ante el veredicto de la OCDE es que han crecido las conexiones de Internet móvil hasta auparse al duodécimo puesto con 35,3 conexiones por cada 100 habitantes. «Creo que hay mucha gente que puede acabar decantándose por este servicio, a excepción de que se desarrollen valores añadidos como la WebTV que si requeriría una conexión fija», concluye.