El presidente de la SGAE, Teddy Bautista, a su salida de la Audiencia.

El juez ha dictado libertad con cargos para el presidente ejecutivo de la SGAE, Teddy Bautista, el director financiero y económico, Ricardo Azcoaga Quincoces, y el director general, Enrique Loras. Todos ellos se enfrentan a 10 años de prisión por delitos de apropiación indebida -6 años- y de administración fraudulenta -4 años-.

Además, en el caso de Bautista, el juez Ruz le acusa de la comisión de un delito societario a causa de la “negativa o impedimento” a los socios del ejercicio de los derechos de información y participación.

El magistrado continúa a esta hora tomando declaración a la principal accionista de la empresa Microgénesis, Elena Vázquez, y su director financiero, Celedonio Martín.

En el marco de la ‘operación Saga’, el primero de los detenidos en declarar ha sido Azcoaga Quincoces, que ha finalizado pasadas las 14:20 horas su interrogatorio tras más de dos horas. Menos tiempo, media hora, ha tardado el Director General, Enrique Loras. Posteriormente ha sido el turno del recién elegido presidente Ejecutivo de la SGAE, Teddy Bautista.

El resto de los detenidos, entre los que se encuentran la mujer y la cuñada de Neri, Maria Antonia García y Elena Vázquez y el director general de la Sociedad de Digital de Autores y Editores (SDAE), José Luis Rodríguez Neri, persona considerada clave en la trama y Rafael Ramos, socio director de Microgénesis, pasarán mañana a disposición judicial.

En su auto, hecho público este domingo, el juez especifica como medidas cautelares la prohibición de abandonar el territorio español y la obligatoriedad de fijar un domicilio donde puedan ser localizados. A la vista de las circunstancias de “especial arraigo en España” de los directivos de la SGAE, no considera que exista probabilidad de fuga.

Además, Ruz especifica que mantendrá el secreto de sumario sobre la causa durante el tiempo necesario para evitar que se frustre el resultado de la investigación y concreta que al menos se prolongará hasta que declaren todos los detenidos.

CATORCE REGISTROS

Según se desprende del auto, las pesquisas han conducido a la entrada y registro de catorce domicilios de particulares y empresas, entre ellas la sede de la propia SGAE. Además, ha ordenado el bloqueo de cuentas y la prohibición de disponer de propiedades mobiliarias e inmobiliarias a determinados imputados.

Todos ellos fueron detenidos el pasado viernes a raíz de la investigación llevada a cabo desde 2010 por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción.

Esta mañana, tras permanecer en dependencias del Instituto Armado desde la tarde del viernes, fueron trasladados a la Audiencia Nacional donde se sometieron al interrogatorio del juez y del fiscal anticorrupción José Miguel Alonso que, en el caso de Bautista, se prolongó durante casi cuatro horas.

Las diligencias sobre la SGAE arrancaron en marzo de 2010, momento en el que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, entonces Baltasar Garzón, recibió una denuncia presentada por la Fiscalía Anticorrupción.

A partir de ese momento, Anticorrupción y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han desarrollado una detallada investigación que ha culminado con la detención de nueve personas.

La SGAE dice que reclamará daños si la entidad sufre algún perjuicio

La SGAE “adoptará las medidas legales oportunas y reclamará daños y perjuicios” en el caso de que se demuestre que “la entidad ha sufrido algún perjuicio por parte de los proveedores contratados por el área de informática”, según fuentes de la entidad de gestión.

Tras la puesta en libertad del presidente ejecutivo de la Sociedad Española de Autores y Editores (SGAE), Teddy Bautista, y los otros dos directivos detenidos por la Guardia Civil, la SGAE asegura que “una vez la justicia haya podido analizar toda la información y toda la documentación que se le ha facilitado, se despejará cualquier duda sobre el comportamiento de la SGAE”. Asimismo la SGAE subraya ha puesto “todo su empeño en colaborar activamente con la justicia para el rápido esclarecimiento de los hechos”, ante la situación en que se encuentra esta entidad de gestión desde el pasado viernes.

Igualmente desde la SGAE quieren expresar su “solidaridad con la familia del presidente y de los directores que ya han sido puestos en libertad. En esta línea, reclaman que se respete la “presunción de inocencia” y “que se respete como un derecho constitucional”. Por último, la entidad de gestión anuncia que este lunes la SGAE abrirá sus puertas y “ofrecerá a sus socios y clientes con completa garantía los servicios que presta habitualmente”.