La Fiscalía coordinadora de violencia doméstica y de género llama la atención en su memoria anual, presentada recientemente, sobre “incrementos muy apreciables en los últimos años” en cuanto a diligencias abiertas por el Ministerio Público por maltrato o abandono a mayores en Andalucía, que en el 2010 ascendieron a 67. En la mayoría de los casos, las víctimas son mujeres y los agresores son sus hijos varones.

Desde el año 2004, un decreto de la Consejería de Igualdad de Andalucía da protección jurídica a estas víctimas de forma que en el plazo de diez días desde que la Fiscalía abre diligencias por un presunto caso de maltrato a mayores, la Junta debe garantizar el acceso a servicios asistencias para las víctimas.

El Ministerio Público destaca su papel como “un importante instrumento de presión para agilizar tales ingresos asistenciales”. Pero reivindica que, al albur de la Ley de Dependencia, y dado que muchos de las mayores víctimas son personas dependientes “con una voluntad normalmente disminuida y nula percepción de su situación”, se permita a la Fiscalía iniciar de oficio la solicitud para estas personas de la prestación correspondiente. “Nos seguimos encontrado con la contrariedad legal de haber interesado en nombre de la persona en situación de riesgo, y tras una investigación de tal estado de desasistencia y maltrato, de haber instado tales ayudas sociales y haber sido contestados por tal entidad, en el uso del artículo 28 de la referida ley, que tal petición solo puede ser instada por la persona que pueda estar bajo algún estado de dependencia”, subraya en sus argumentaciones la fiscal coordinadora de violencia doméstica, Flor de Torres.

Por ello, en su memoria anual, la Fiscalía insiste en que “sería deseable” modificar la norma estatal de Dependencia para permitir al fiscal o a los servicios sociales comunitarios, así como al personal sanitario o asistencial” que tuviera conocimiento de la situación de maltrato o abandono del mayor, tramitar la solicitud e iniciar el procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y derecho a la prestación del sistema para esa víctima.