El 40 por ciento de los varones españoles de entre 17 y 60 años acuden a la prostitución, según los datos ofrecidos por la Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres para denunciar que el grueso de los prostituidores o clientes es consciente de que el 90% de las mujeres se prostituyen contra su voluntad. La media de edad del prostituidor o cliente está entre 30 y 50 años. La mitad de los hombres que acuden a la prostitución están casados o conviven con su pareja y cuatro de cada diez tienen hijos,

Así lo han explicado en rueda de prensa la portavoz de la Comisión, Susana Martínez; la portavoz de la organización de Mujeres por la Abolición de la Prostitución, Rosario Carnacedo; y la representante europea de la Coalición Internacional contra el Tráfico de Mujeres, Malka Marcovich.

En total, el 99 por ciento de la demanda es masculina. Martínez ha puesto de manifiesto que “no existe ni un mínimo consenso de reproche hacia la prostitución”, que está “normalizada” de manera que “se justifica un hecho que constituye una de las formas más graves de violencia contra la mujer” y un “atentado contra su libertad sexual y su indemnidad física”. El comercio sexual está detrás del 79 por ciento de los casos de tráfico de personas.

Para la organización, “es necesario poner encima de la mesa la necesidad de buscar responsabilidades y penalizar al prostituidor”, lo que, según ha apuntado Carnacedo, implica un cambio de mentalidad similar al desarrollado en la lucha contra la violencia de género: no es un asunto de mujeres, sino de hombres que maltratan a mujeres. En este sentido, ha recordado que se trata de un mercado “que genera enormes beneficios económicos que no se generarían si no salieran de los bolsillos de los hombres que compran mujeres”.

Por eso, solicitan que se “cambie la mirada” porque, de otra forma, la española seguirá siendo una sociedad “que está amparando el abuso, la violencia y la desigualdad”, al consentir que sus hombres acudan a la prostitución. La Comisión pide que España se mire en el entorno europeo para llevar a cabo este cambio de mentalidad. En Suecia, que aplica políticas de represión del prostituidor desde 1999, la trata de mujeres ha disminuído un 80 por ciento y la demanda ha caído cerca de un 60 por ciento. Mientras, en Holanda, donde se ha regulado el ejercicio de la prostitución, “existe una gran preocupación por el aumento de la trata de menores y mujeres con fines de explotación sexual”. “Queda claro que cuando la delincuencia organizada dedicada a la trata de mujeres con fines de explotación sexual tiene dificultades en un país porque su legislación es menos permisiva con la prostitución o la trata, evitan dicho país, afincando sus negocios ilícitos en otro país más permisivo legalmente”, explica la Comisión.

Por eso, advierten de que en Francia ya se ha aprobado un informe consensuado por todos los grupos políticos en el que se recomienda la penalización de la demanda de prostitución y que “se convertirá en ley”. El informe, basado en entrevistas con más de 200 personas y entidades en distintos países, entre los que está España, concluye que “todas las leyes van encaminadas a abolir la prostitución y penalizar al cliente porque todos los países, incluido Holanda, empiezan a reflexionar ya sobre ello”, conforme ha explicado Marcovich.

En esta línea, ha denunciado que la demanda de sexo desarrolla el negocio de la trata de mujeres para explotación y se ha referido a los anuncios de contactos en la prensa española para incidir que es el único país europeo en el que se produce. “Un anuncio en los medios de comunicación es proxenetismo” porque están ofreciendo mujeres, ha recordado.

Sobre este asunto, Carnacedo ha criticado que España sea “una excepción en la Unión Europea” al consentir que se mantenga esta publicidad en la prensa nacional y ha recordado que el Gobierno tiene “el compromiso” de erradicar estos anuncios antes del fin de la legislatura.

En su opinión, “parece que la única consecuencia que tendrá la desaparición de esos anuncios es que los medios perderían una vía de ingresos, pero es que en una sociedad democrática, ese dinero tiene que desaparecer, porque se obtiene a costa de la vida de muchas mujeres”.

Además de la erradicación de los anuncios y la introducción de medidas punitivas contra los prostituidores, la organización exige la aplicación literal del artículo 158 del Código Penal para que efectivamente se persiga a todo aquel que obtenga beneficios de la prostitución ajena, ya que, según afirman, el 90% de la explotación sexual está en manos de intermediarios y, si se penalizara, “ya fuera un bar de copas o un local de alterne, se acabaría con el 90% del negocio”.