Es una percepción unánime entre trabajadores sociales, psicólogos, responsables de residencias de ancianos y expertos en la materia: el abuso económico a las personas mayores va a más. La crisis y su traslado a las economías familiares tienen mucho que ver con este aumento de las estafas y los robos. Un tipo de ataque que, advierten los expertos, puede tener secuelas mucho peores para los ancianos que la violencia física y que representa todavía un auténtico tabú social.

Un tabú de gran magnitud, dado que todos los estudios constatan que la estafa económica a los mayores procede de su entorno más cercano: los hijos y los cuidadores. Para entenderlo, basta con recordar que hoy por hoy muchas unidades familiares viven prácticamente sin ingresos debido al paro y que la pensión del anciano o la prestación económica que recibe en virtud de la ley de dependencia representan, por desgracia, ingresos que pueden incitar a las personas más cercanas a apropiarse de este dinero.

Según confirma Jordi Muñoz, abogado especializado en derechos de las personas mayores y miembro de la Associació per a la Investigació del Maltractament a l’Ancià, su entidad recibe cada semana consultas de servicios sociales y centros de atención primaria con respecto a casos de maltrato económico y abandono. A juicio de Muñoz, el aumento de los casos de debe a la situación económica, en la que «hay gente que busca mecanismos no ortodoxos para acceder a dinero o a un inmueble», y por otra parte a que cada vez se conoce más que estas personas son más vulnerables y es sencillo convencerlas. «Son presa fácil», explica.

Efectos de la crisis

Se trata de casos referidos a cesiones de viviendas de las víctimas a precios irrisorios a cambio de asistencia o apoyo al anciano por parte de quien se adjudica el inmueble, o bien directamente de situaciones en las que se usurpa la pensión o la ayuda por dependencia que percibe la persona mayor.

Enric Peidró, miembro de la federación de personas mayores Fatec, confirma la situación: «La crisis acentúa la violencia económica y creemos que la cosa irá a peor». Fatec lleva años reclamando una ley de protección de la ancianidad.