El ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, y el vicepresidente del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, ayer, antes de la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

La reforma de los convenios no creará empleo directamente. El principal objetivo del decreto ley que regula la negociación colectiva, aprobado ayer en Consejo de Ministros, es evitar que los empresarios recurran de forma abusiva al despido en tiempos de crisis, según reconoció el titular de Trabajo, Valeriano Gómez. El texto sufrió cambios significativos en las últimas horas. El periodo de negociación de los convenios se ha reducido hasta un máximo de ocho meses para los de hasta dos años de vigencia y de 14 meses en los de duración superior.

¿Se creará empleo con la aprobación de estos cambios? El ministro eludió responder a esta cuestión en la rueda de prensa posterior a la reunión del Gabinete. Se limitó a señalar que un marco adecuado de relaciones laborales conllevará «el menor uso» del despido en tiempos de crisis. Explicó que si las empresas consiguen que «se muevan los salarios» cuando atraviesan grandes dificultades «o que modifiquen sus jornadas» para competir mejor, se habrán cumplido los propósitos del Gobierno.

Para conseguir ese objetivo, el Ejecutivo ha promovido que el convenio de empresa se imponga al provincial en cuestiones como el sueldo, la jornada, la clasificación profesional, las formas de contratación o las medidas de conciliación. Actualmente, el 70% de los trabajadores están bajo la cobertura de los acuerdos de ámbito territorial y los convenios de empresa solo abarcan un 10%.

Poder empresarial

Gómez acusó a la patronal de haber apostado hasta el último minuto por la supresión de los derechos de los trabajadores una vez concluida la vigencia del convenio y por querer ejercer un «poder unilateral» en el funcionamiento de las empresas. Recordó los pocos casos que se han dado en España de bloqueo absoluto en las negociaciones de un convenio: controladores aéreos, pilotos y estibadores de puertos. Y argumentó que la distribución «irregular» de la jornada laboral resulta más eficaz si se negocia y no se impone. Citó el ejemplo del sector español del automóvil, que gracias a la flexibilidad interna acordada entre empresarios y trabajadores, se ha convertido en unos de los referentes mundiales de exportación y producción.

El Ejecutivo, no obstante, tendió un cable a los empresarios al reducir el tiempo de negociación una vez caducados los convenios. Valeriano Gómez explicó que este cambio es fruto de las «rápidas» consultas realizadas los últimos dos días con los agentes sociales y razonó que los topes marcados son «un tiempo razonable». La reforma marca que debe realizarse un preaviso de denuncia tres meses antes de finalizar su vigencia y no el medio año que estaba fijado hasta ahora. Trascurridos los plazos, se abrirán paso los sistemas de arbitraje. El ministro sugirió que sería muy bueno un acuerdo interconfederal para potenciar este sistema.

Con estas medidas se evita comenzar a negociar desde cero los más de 3.000 convenios anuales, pero provoca que los agentes sociales tengan que apresurarse a la hora de negociar. Pero también se impide que los conflictos se eternicen en el tiempo, cuando se trate de modificar sustancialmente las condiciones laborales o de acordar el descuelgue de los pactos en vigor. Los sindicatos y la patronal tendrán 15 días de consultas, una semana para recurrir a una comisión paritaria y cinco días para arreglar los conflictos por la vía extrajudicial del sistema de mediación y arbitraje (SIMA).

Absentismo y mutuas

No todo lo negociado entre los agentes sociales se ha plasmado en el decreto ley. Los preacuerdos alcanzados sobre las mutuas y en la lucha contra el absentismo estuvieron a punto de cerrarse, pero el fracaso de las conversaciones los ha dejado, de momento, al margen. Gómez explicó que el Gobierno no tiene inconveniente en incorporarlos durante el trámite parlamentario. «No creo que los sindicatos y los empresarios pongan obstáculos en esta materia», confió, pero subrayó que la ausencia injustificada del puesto de trabajo no es un problema exclusivo de la economía española.

El decreto ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), pero tendrá que ser ratificado por el Congreso. El Ejecutivo está convencido de que ya cuenta con los votos necesarios para sacar adelante, ya que el PNV no pondrá trabas. También da por sentado que alguna formación política pedirá su tramitación como proyecto de ley. Esta será la ocasión para introducir las enmiendas de los grupos parlamentarios, que podrían abrir camino a nuevos cambios sugeridos por la patronal y los sindicatos.