El presidente del Congreso, José Bono, está decidido a suprimir el complemento de pensión al que pueden acogerse los parlamentarios que han ocupado escaño durante al menos siete años, a dar la máxima publicidad posible al patrimonio de diputados y senadores, y a dificultar la compatibilidad del escaño con actividades articulares de sus señorías.

Así se lo ha avanzado ya Bono a los grupos parlamentarios mientras ultima la propuesta que tiene previsto presentar este mes y que ha realizado en coordinación con el presidente del Senado, Javier Rojo, según han informado fuentes parlamentarias.

Para la elaboración de ese documento, Bono ha tomado como base las propuestas que los distintos grupos le remitieron el pasado mes de febrero con sus ideas para reformar el régimen de protección social de los parlamentarios y el sistema de incompatibilidades al que están sujetos, así como para dar a conocer sus bienes.

Bono recabó la opinión de los grupos sobre estos temas a raíz de que el presidente del PP, Mariano Rajoy, abogara por suprimir el complemento de pensión por considerarlo un “privilegio”, una propuesta que ya había planteado meses antes sin éxito la diputada de Unión, Progreso y Democracia, Rosa Díez.

Sin efectos retroactivos

El resto de los grupos parlamentarios advirtieron del riesgo de perjudicar a quienes ya se han acogido a este derecho, en su mayoría políticos que no cotizaron por haber estado en el exilio o la clandestinidad durante la dictadura, pero sí aceptan revisar o limitar su aplicación de ahora en adelante. En principio, Bono está dispuesto a suprimir esta prestación pero sin efectos retroactivos, es decir, respetando los derechos adquiridos por aquellos ex parlamentarios que ya se benefician del complemento.

El actual sistema parte del hecho de que los diputados no cotizan como el resto de ciudadanos y no tienen derecho a subsidio de desempleo. De ahí que UPyD, ERC-IU-ICV, NaBai, UPN y Coalición Canaria aboguen por regular la protección social de los parlamentarios para incluirlos en el régimen de Seguridad Social común a todos los ciudadanos, algo que los partidos mayoritarios no tienen en mente a corto plazo, por lo que en principio no se incluirá en la propuesta de Bono.

Indemnización por cese

Pero, además, el PSOE y el PNV plantearon dejar sin indemnización por cese a los diputados que pasen al sector privado, mientras que el BNG y Nafarroa Bai aconsejaron suprimir el plan privado de pensiones que la Cámara gestiona a los diputados.

En concreto, el PSOE propuso replantear esa compensación por cese que actualmente se calcula en un mes de asignación por año de escaño ejercido, con un máximo de 24 meses y compatible con otra actividad, incluso si es remunerada. Los socialistas pedían que sólo se otorgue a los exdiputados que no tengan trabajo y que se deje de dar en cuanto se reincorporen a la actividad profesional remunerada, pero al mismo tiempo abogan por conceder una cuantía equivalente a dos meses de asignación parlamentaria por año de escaño, mientras que el conjunto de ciudadanos sólo tiene derecho a un mes de sueldo por año trabajado.

Dado que el régimen de pensiones parlamentarias se diseñó en una resolución de las Mesas Conjuntas del Congreso y del Senado, Bono planteará su reforma mediante otra resolución, lo que no requerirá ninguna reforma legal más allá de escuchar a los portavoces. Si se acepta, antes del verano puede estar resuelto.

Donde hay más consenso es sobre la necesidad de incrementar la transparencia en relación con el patrimonio de diputados y senadores, aunque también con sus matices. Así, el PP ha exigido que se garanticen una normas similares a las que rigen para los miembros del Gobierno, que están obligados a publicar en el Boletín Oficial del Estado un resumen de sus bienes inmuebles y de otro tipo así como su pasivo. Por contra el PSOE pretende ir más allá y que incluso se hagan públicas las participaciones que sus señorías tengan sociedades a través acciones o el patrimonio de sus cónyuges. Coalición Canaria, por ejemplo, quiere abrir el registro de bienes de los diputados y senadores a cualquier ciudadano, pero siempre que se identifique convenientemente.

Bono no ve suficiente respaldo para publicar los bienes de la familia del parlamentario, pero sí apostará por reforzar la transparencia, aunque no como hace el Gobierno, que publica en el Boletín Oficial del Estado (BOE) una cifra de su patrimonio con los valores catastrales, que considera desactualizados.

Régimen de incompatiblidades

Por otro lado, el presidente del Congreso también está abierto a introducir cambios en el régimen de incompatibilidades de los parlamentarios, que la mayoría de formaciones quieren endurecer. En este punto, el PP se ha limitado a señalar que, como en el caso de la publicidad de los bienes, las medidas que se adopten sean “armonizadas” con las que rigen para otras administraciones.

Bono ya ha recordado en público que, conforme al Reglamento del Congreso, los diputados deberían ejercer su labor parlamentaria “en régimen de dedicación absoluta” y que compatibilizar el sueldo privado con el parlamentario podría tener menos justificación que los complementos de pensión.

Este es el asunto más complejo por cuanto, si se quiere acotar las tareas del parlamentario, sería necesario una reforma de la Ley Electoral que, a estas alturas de la legislatura, resultaría imposible. Lo que sí se podría aprobar, y ahí quiere incidir Bono, es una vuelta de tuerca a los criterios que aplica la Comisión del Estatuto del Dipuitado, hasta ahora sigue una interpretación muy permisiva de las excepciones del Reglamento.

Los grupos de ERC-IU-ICV y del PNV, así como el BNG, UPyD y NaBai defienden la necesidad de limitar las actividades privadas de los diputados y, además, el BNG y UPN abogan por comenzar a estudiar las incompatibilidades en las que podrían incurrir aquellos diputados y senadores que compatibilizan su escaño con la Alcaldía de un municipio.

¿Turista o preferente?

Sin embargo, el presidente del Congreso no piensa recoger el guante lanzado en febrero por Izquierda Unida para que sus señorías viajen siempre en clase turista. Bono aboga por mantener el sistema que se viene utilizando hasta ahora y que consiste en que la Cámara paga a la compañía área con la que tiene un contrato especial, una tarifa de clase turista con independencia de que viajen o no en preferente.

Este debate se planteó en abril en el Parlamento Europeo, donde diputados socialistas y ‘populares’ unieron sus votos para negarse a viajar en turista. En la Eurocámara, los eurodiputados pasan los gastos del billete tras viajar, a su elección, en clase preferente.