Leire Pajín, en primer término, al fondo, el líder socialista valenciano Jorge Alarte.

Elentir/AD.- La ley de Igualdad de Género, foco de controversias estos días, sigue dando que hablar. Conforme pasan los días se conocen nuevos datos relacionados con la letra pequeña de un articulado que lesiona derechos fundamentales. Para medios informativos como AD, es riesgo es todavía mayor. Fieles a una línea editorial heterodoxa desde la perspectiva de la institucionalidad española, este medio tendría que hacer frente a sanciones que oscilarían entre los 10.000 y los 60.000 euros si, por ejemplo, fuese denunciado por un lector que sintiese restringido su derecho legal a hacer apología de la homosexualidad entre los adolescentes españoles. Ese criterio sancionador y coercitivo limita grandemente el derecho de este o de cualquier otro medio a no difundir opiniones que sean contrarias a principios que son diariamente defendidos en estas páginas.

Otro ejemplo que podría darse perfectamente sería que el imán salafista de Lérida denunciara a este medio por no apoyar en sus artículos la construcción de una gran mezquita en la capital catalana, lo que podría interpretarse de acuerdo con la ley como una muestra discriminatoria hacia los musulmanes que viven en España.

En ese sentido, la ley de Igualdad anula el derecho a cualquier criterio que pueda considerarse discriminatorio por “razón de nacimiento, origen racial o étnico, sexo, religión, convicción u opinión, edad, discapacidad, orientación o identidad sexual, enfermedad, lengua o cualquier otra condición o circunstancia personal o social” (Artículo 2). Es decir, las creencias humanísticas, el orden positivo y los valores naturales quedan supeditados al imperio ideológico de la norma.

La citada ley “se aplicará en todos los ámbitos de la vida política, económica, cultural y social” e incluso prohíbe “toda conducta, acto, criterio o práctica” que atente contra los amplísimos e incluso contradictorios conceptos de discriminación que contempla la citada norma.

Guste o no al Gobierno, cualquier medio debería tener derecho a imponer los criterios de moderación que desee. Ese derecho desaparecerá con la ‘Ley Pajín’, al aplicarse al ámbito privado criterios de no discriminación que hasta ahora y por sentido común sólo eran aplicables al ámbito de las administraciones públicas. Se trata de una clara violación de nuestras libertades en nombre de la llamada “igualdad de trato”, un concepto que nada tiene que ver con la verdadera igualdad de toda democracia, que es la igualdad ante la ley.

El artículo 5, por su parte, proclama un nuevo concepto: la “discriminación indirecta”, que se produciría “cuando una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros ocasione o pueda ocasionar a una o varias personas una desventaja particular con respecto a otras”. Este principio entra en contradicción con el concepto de discriminación directa que establece la propia ley, revelando el enorme tamaño del disparate jurídico que está promoviendo Leire Pajín. Esto quiere decir que habrá que discriminar para no discriminar. Un ejemplo, como la mayoría de comentarios que se publican en AD son en castellano, se le podría imponer otra sanción por la no inclusión de criterios que obliguen al uso de idiomas minoritarios como el gallego, el vascuence o el catalán.

Por si fuera poco, si AD omitiese el comentario de alguien que le haya denunciado al amparo de la ‘Ley Pajín’, se enfrentaría a otra elevada sanción al incurrir en lo que el artículo 10 define como represalia: “Cualquier trato adverso o consecuencia negativa que pueda sufrir una persona por intervenir, participar o colaborar en un procedimiento administrativo o proceso judicial destinado a impedir o hacer cesar una situación discriminatoria”.

Como prueba de que la ley ha sido concebida para objetivos partidarios, se crea la llamada “Autoridad para la Igualdad de Trato y la No Discriminación”. Se define cínicamente como una “autoridad independiente” que se encargará de aplicar esta ley. La curiosa “independencia” de esa autoridad será conferida por el Gobierno mediante Real Decreto”.

El acusado deberá probar su inocencia, como en la Inquisición

Asimismo, el acusado de discriminación deberá probar su inocencia, lo que viola el derecho a la presunción de inocencia establecido en el artículo 24 de la Constitución Española. Esta inversión de la carga de la prueba supone una vuelta a los métodos de la Inquisición, cuando existía la llamada “prueba diabólica”, que dejaba al acusado sin defensa alguna. Si tenemos en cuenta que, además, esto será competencia de un “inquisidor” designado por el gobierno, podemos hacernos una clara idea de por qué se ha dado ‘luz verde’ en un tiempo record a una ley tan radicalmente antidemocrática.

Pero aún hay más. La disposición adicional primera de la ley modifica la LSSI, la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información, aprobada en 2002 durante el mandato de Aznar. En concreto se modifica el Artículo 11 de esa ley, relativo al “Deber de colaboración de los prestadores de servicios de intermediación”. La modificación consiste en añadir un segundo párrafo en el que se establece que los tribunales podrán ordenar “medidas de restricción o interrupción de la prestación de servicios o de retirada de datos de páginas de Internet que contempla la presente ley” con el fin de “proteger los derechos de la víctima”. O dicho sea de otra forma, podrán bloquear el acceso a tu web o censurar parte de sus contenidos para dar satisfacción a la víctima de una “discriminación”.

Una ley mucho peor que la Ley Sinde para la libertad de expresión

Viendo los innumerables y hasta contradictorios conceptos de discriminación que establece este anteproyecto, la ya de por sí cercenada libertad en la red va a sufrir un recorte enorme con esta nueva ley. De ahí que no se entienda que toda la movilización que se produjo contra la LSSI, y más recientemente contra la Ley Sinde, no se esté produciendo ahora contra la Ley Pajín. Estamos ante una ley mucho peor que la Ley Sinde en lo que respecta a la libertad de los internautas. Al fin y al cabo, se trata de una ley que reinstaura los delitos de opinión, y para colmo, encomienda su persecución a un cargo político designado a dedo por el gobierno, violando el derecho a la presunción de inocencia de todo acusado. Ni la Ley Sinde había llegado tan lejos en la agresión a nuestras libertades.