EP.- El ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, se mostró ayer convencido de que Telefónica asumirá el coste del seguro por desempleo ligado a los 8.500 despidos de trabajadores (el 25% de la plantilla en España) que quiere realizar la compañía en los próximos cinco años.

El ministro explicó ayer que la tramitación del expediente de regulación de empleo (ERE) presentado ayer por Telefónica puede extenderse a lo largo de «un mes o mes y medio». Este periodo, según el ministro, podría ser suficiente para que se aprobara la enmienda presentada por el grupo socialista al proyecto de ley de políticas activas de empleo por la que se establece que las empresas con beneficios asumirán en todo o en parte los costes del seguro de desempleo de los trabajadores despedidos en ERE.

Hay cálculos que cifran entre 200 y 300 millones de euros el impacto que tendría para el seguro por desempleo el pago de las prestaciones durante dos años a los 8.500 despedidos del ERE. El ministro apuntó que las prejubilaciones no suponen un gasto adicional pues la cuantía de la prestación se reduce según su anticipación. Aunque no dé tiempo a que se apruebe la citada enmienda, Trabajo (a quien compete aprobar el ERE de Telefónica) negociará con la compañía para que asuma este gasto tal como, según el ministro, ya hacen las entidades financieras. Gómez reconoció que representantes de Telefónica han transmitido «de forma verbal» al ministerio su disposición a asumir este coste, por lo que dio por seguro que será así.

El ministro volvió a criticar que casi al mismo tiempo en que Telefónica planteara miles de despidos, anunciara bonus «multimillonarios» para sus directivos.

A PARTIR DE 53 AÑOS

Aunque aún hay que negociar las condiciones del ERE, fuentes sindicales afirman que la edad a partir de la cual podrán acogerse los empleados será previsiblemente los 53 años. El ERE será voluntario, no discriminatorio y universal, y afectará a los trabajadores de Telefónica de España, es decir, solo los de telefonía fija, y no de móviles, ya que estos pertenecen a otra sociedad (Telefónica Móviles).

Mientras CCOO condiciona su aprobación al ERE a que su coste social no recaiga sobre las arcas públicas, UGT no lo considera un requisito indispensable, aunque propone que Telefónica reinvierta el mismo coste en crear nuevos empleos. Ambos sindicatos exigen vincular la negociación del ERE con la del convenio colectivo, para dar garantías a los trabajadores que se queden.