La anulación de la ‘doctrina Parot’ por el Constitucional supondría la excarcelación automática de casi la décima parte de los presos de ETA. Son medio centenar de internos con muy largas condenas que, de no haber cambiado el Supremo en 2006 los criterios para descontar los beneficios penitenciarios sobre las penas, estarían ya en la calle. Además, al menos otros 13 terroristas abandonarían también la cárcel en los próximos años sin llegar a cumplir los 30 años de cumplimiento efectivo entre rejas.

Según los cálculos de los responsables penitenciarios y del propio colectivo de familiares de presos de ETA, desde que hace cinco años el Supremo ordenara descontar las redenciones de penas sobre el total de la condena y no sobre los 30 años de cumplimiento efectivo máximo, 49 presos han visto abortada su salida de la cárcel. O lo que es lo mismo, el 9% de la colonia penitenciaria etarra en España, ahora 560 internos, sigue entre rejas en virtud de la aplicación del fallo 197/2006 del Tribunal Supremo.

Solo en 2006, la ejecución de esta doctrina impidió la excarcelación de 12 etarras; en 2007 fueron cuatro; en 2008 se suspendió la puesta en libertad de diez reclusos; en 2009, el año récord, la jurisprudencia del alto tribunal pospuso la salida a la calle de 19; y entre 2010 y 2011 han sido o serán nueve los terroristas que verán frustrada su excarcelación.

Entre los presos ya perjudicados por la ‘doctrina Parot’ están algunos de los más sanguinarios, sobre todo buena parte de los jefes y pistoleros que protagonizaron en primera persona las violentas campañas de la década de los ochenta, los conocidos como ‘años de plomo’. Es el caso de Txomin Troitiño Arranz, que debía haber abandonado la cárcel en mayo de 2006 y que, en principio, seguirá entre rejas hasta 2017. Entre otras causas, está condenado a 794 años de cárcel por el atentado en el Hipercor de Barcelona, el 19 de junio de 1987, que se saldó con 21 muertos.

También sería excarcelado de inmediato José Antonio López Ruiz, ‘Kubati’, condenado a 1.076 años de cárcel, entre otros delitos por el asesinato de la exdirigente etarra Dolores González Catarain, ‘Yoyes’. ‘Kubati’, que redimió diez años de prisión, hubiera sido excarcelado en verano de 2006, pero la ‘doctrina Parot’ retrasó su vuelta a la libertad hasta 2017.

Inés del Río e Inmaculada Noble, ambas integrantes del ‘comando Madrid’ de los ochenta, al que también pertenecieron los fugados Antonio Troitiño e Iñaki de Juana Chaos, están dentro de esa décima parte de presos de ETA que volverían a la calle. Río y Noble, condenadas a miles de años por, entre otros, el asesinato de 12 guardias civiles en la Plaza de la República Dominicana de Madrid, seguirán entre rejas, por el momento, hasta 2017.
Entre los jefes que siguen en prisión por la aplicación de la ‘doctrina Parot’ están Ignacio Pujana Alberdi, responsable de la compra de armas de ETA y posterior jefe de los ‘comandos’ entre 1985 y 1987, que ha visto retrasada su excarcelación de 2009 a 2021; o Isidro Garalde Bedialaurreta, ‘Mamarru’, jefe de adiestramiento de terroristas, que seguirá en prisión hasta 2020.

Sin haber cumplido

A este medio centenar de reclusos hay que sumar al menos otros 13 etarras que, sin llegar a haber cumplido aún la totalidad de su condena, ya sufren los efectos de la ‘doctrina Parot’ aplicada por la Audiencia Nacional que impedirá su excarcelación en los próximos años. En esta situación están buena parte de los terroristas más conocidos de la década de los ochenta, empezando por el propio Henri Parot, condenado por 22 atentados con 38 asesinatos, entre ellos la bomba contra el cuartel de Zaragoza, el 11 de diciembre de 1987, que causó la muerte de cinco niñas y dos mujeres. Parot no verá la luz de la calle hasta 2021 si el Constitucional no enmienda la plana al Supremo. También es el caso de José Javier Zabaleta Elósegui, ‘Baldo’, condenado a 200 años de cárcel por el asesinato de cuatro guardias civiles y que no pisará la calle hasta 2020.

A este grupo pertenecen también buena parte de los exjefes de ETA que en los últimos años han pasado a encabezar el sector disidente y que, incluso, han sido acercados al País Vasco como premio a su ruptura con la banda. Es el caso de Santiago Arrospide, ‘Santi Potros’, Iñaki Arakama Mendia, ‘Makario’, o Francisco Múgica Garmendia, ‘Pakito’.

Estos cálculos de los etarras afectados por la doctrina del Supremo no están ni mucho menos cerrados con los 62 casos citados porque hay una tendencia al alza, según advirtieron responsables judiciales y penitenciarios. Conforme avanza la estancia en prisión de cada preso se hacen nuevos cálculos de cumplimiento por lo que el número de reclusos de ETA afectados por la ‘doctrina Parot’ crece casi cada mes.