Unos días atrás y sin que mediara provocación alguna, Telefónica anunció que pondría en la calle al 20% de su plantilla en España y, en el mismo viaje, premiaría a sus ejecutivos con sustanciosos bonus. Un mensaje tan descarado como desolador.

El procedimiento no es nuevo, al contrario, se diría que echar a sus trabajadores es una de las actividades más constantes de esta Compañía desde principios de los años noventa, cuando la empresa aún no se había privatizado, hasta hoy. Telefónica ha despedido en ese periodo ¡a más de 80.000 trabajadores! y sustituido contratos laborales “viejos” (es decir, indefinidos) por “nuevos” (es decir, precarios).

Una vez privatizada, le fuera bien o mal a la Compañía y mientras se despedía gente, los ejecutivos, desde los “colocados” por Villalonga hasta los cooptados por Alierta, se han ido poniendo, literalmente, las botas.

Y los sindicatos ¿qué dicen? Según parece, están encantados con el anuncio, pues lo que les espera a los despedidos es una “jubilación anticipada” que echará sobre las espaldas de la Seguridad Social (es decir, sobre el bolsillo de todos nosotros, los cotizantes) buena parte del coste de la operación.

Ésa ha sido la palabra clave para muchas compañías –con o sin ERE-: “jubilación anticipada”. Se ha dicho hasta la saciedad que esa figura tenía que desaparecer, que la Seguridad Social no puede ser un pozo sin fondo y también se ha dicho que el país no se podía permitir el lujo de jubilar alegremente a personas con sólo cincuenta años. Se ha argumentado y legislado a favor del alargamiento de la vida activa… Pues nada, ya se ve que las grandes empresas vuelven –como la burra- al trigo.

Un despilfarro que tal vez sea bueno para Telefónica, pero es pésimo para la Seguridad Social y para el país. Ante unos anuncios tan descarados como insultantes, sólo el Ministro de Trabajo ha protestado tímidamente: “No vamos a permitir que empresas con beneficios se comporten así”, ha dicho. Me temo que también él acabará tragándose esas palabras.