Un hombre arruinado, «totalmente en crisis económica», incluido en un registro de morosos «por impago» y que cobraba la prestación de subsidio por desempleo. Es el perfil económico de Juan Antonio Roca cuando éste llegó al Ayuntamiento de Marbella expuesto esta mañana en una nueva vista oral del juicio por el caso Malaya. Así lo han afirmado los peritos de la Hacienda Tributaria que han comparecido como como testigos para aclarar los detalles de los informes de cuantificación de blanqueo que estos técnicos realizaron sobre las operaciones y sociedades del exasesor que se juzgan en este segundo bloque del proceso.

Según estos expertos el exasesor, principal imputado en esta presunta trama de corrupción, cuando comenzó a trabajar para la empresa municipal Planeamiento 2000 (mayo de 1992) se encontraba en «crisis totalmente» y que, a partir de su vinculación con el consistorio marbellí, detectaron «un incremento inusual de su patrimonio». Según estos peritos antes de trabajar para el Ayuntamiento en 1987 «su ganancia de rendimiento neto no llegaba a los 7.000 euros» mientras que en el 1997 «alcanzó los 44.000 euros de retribución líquida o los 153.000 euros» en el 2001, indicaron al fiscal, Juan Carlos López Caballero.

Se trata de una versión radicalmente opuesta a la que el mismo exasesor expuso en la sala en diciembre del año pasado en el marco del primer bloque de Malaya. Por entonces defendió que era un empresario de éxito y que su patrimonio superaba los mil millones de pesetas (seis millones de euros).