Un 54,5% de los andaluces manifiestan sin ambages una valoración negativa del hecho migratorio, mientras que sólo un tercio de la población expresa una valoración positiva. Ésta es la principal conclusión de un avance del estudio que presentará en próximas fechas el Observatorio Permanente Andaluz de las Migraciones (OPIA), un instrumento de la Consejería de Empleo gestionado por el Instituto de Estudios Sociales Avanzados (IESA-CSIC), el tercero que dedica a las opiniones y actitudes de los andaluces ante la inmigración.

Hace sólo tres años, en la publicación del segundo estudio, el 42,6% de los ciudadanos consideraron la inmigración como algo positivo, frente al 36,9% que lo vio negativo, mientras que para el resto era indiferente. Por primera vez por lo tanto en esta muestra, cuya primera investigación se remonta a 2005, una mayoría de los andaluces valoran desfavorablemente el impacto general de la inmigración en Andalucía.

Igual desequilibrio se produce en las respuestas de quienes consideran positiva la inmigración. Si en ediciones anteriores ese porcentaje estuvo sobre un 43%, en esta ocasión la respuesta más mencionada al preguntar por los efectos de la inmigración es “poco o ningún efecto positivo”, con un 37,2%, anota el avance de la encuesta a la que ha tenido acceso esta redacción. Ahora, los efectos positivos se ven relegados a un segundo puesto en cuanto a porcentaje de menciones, con un 27,4%.

Las conclusiones del estudio aportan una razón a esta variación en la percepción de los andaluces sobre los efectos de la inmigración: la crisis. El reflejo de la dura realidad socioeconómica impacta en la evaluación de los inmigrantes procedentes de países con un menor nivel de desarrollo en lo referente al acceso al trabajo.

Si bien uno de cada dos andaluces sigue considerando necesaria la aportación de la mano de obra inmigrante en Andalucía -asociada principalmente a determinadas ocupaciones y sectores-, “se eleva de un modo llamativo la proporción de quienes señalan la repercusión en el mercado laboral como un efecto negativo”. De hecho, si antes la respuesta más mencionada en cuanto a los efectos negativos era un aumento de la seguridad ciudadana, ahora predominan afirmaciones como “quitan puestos de trabajo” o “aumentan el paro”, anota el estudio.

Así, el porcentaje de los andaluces que declara su acuerdo con la idea de que “los inmigrantes hacen una importante aportación al desarrollo económico de Andalucía” desciende en 18 puntos porcentuales respecto a 2008, situándose ahora en el 41%. De igual forma se incrementa el porcentaje, y nada menos que hasta la mitad de los encuestados, de aquellos que consideran que “muchos inmigrantes ocupan puestos de trabajo que deberían ser ocupados por gente de aquí”.

Esta muestra coincide con otras conocidas en las que se revela un repunte del rechazo a la inmigración como consecuencia de la crisis, si bien ésta es la más importante en cuanto a número de consultados de las que han estudiado el fenómeno migratorio, con casi 3.200 entrevistas.

Hay otros indicadores que invitan a la reflexión, según los autores, que inciden en esta visión menos optimista del hecho migratorio. Aunque siga siendo claramente mayoritario el apoyo de la población andaluza al acceso a derechos por parte de la población inmigrante, como la educación o la sanidad, se agudiza una “erosión” en comparación a sondeos anteriores en varios aspectos. Por ejemplo, respecto a la reagrupación familiar, cuestión que afecta tanto a las políticas de integración social como también a las políticas de regulación de flujos, donde se observa una clara evolución hacia posturas menos permisivas. Así, se duplica el número de andaluces contrarios a dar facilidades para “traer a sus familias a vivir con ellos”, de un 12% en encuestas anteriores a un 23% ahora.