Antonio Troitiño se esfumó a pesar del cerco policial en Francia y en España. Al cierre de esta crónica el terrorista seguía libre y oficialmente en paradero desconocido, a pesar de que el martes la Sección Tercera de la Audiencia Nacional ordenó su búsqueda y captura tras revocar su excarcelación, luego de cambiar apresuradamente su propio criterio sobre el descuento de la prisión preventiva. El ‘caso Troitiño’, además, desembocó ayer en un guirigay policial, judicial, político y diplomático sin precedentes.

De nada sirvió el vasto dispositivo policial a ambos lados de la frontera para capturar al exmiembro del comando Madrid, condenado a 2.746 por 22 asesinatos y que el pasado 13 de abril volvió a la calle tras haber cumplido 24 años de cárcel, seis menos del máximo legal permitido. Durante toda la jornada, cerca de 200 funcionarios de los dos países, siguiendo las informaciones de los agentes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), centraron su búsqueda en la localidad de Hendaya, donde reside una de sus hijas y donde se creía que el terrorista podía haberse refugiado en el despacho de un abogado. El operativo en territorio galo también se extendió, sin resultado, a viviendas de familiares de Troitiño en otros puntos del País Vasco francés.

En Guipúzcoa y Vizcaya

Las fuerzas de seguridad españolas, que la noche del martes intentaron su captura en su domicilio de la calle de José Elósegui de San Sebastián, también le buscaron, sin éxito, en domicilios de allegados en diversos puntos de Guipúzcoa y en la localidad vizcaína de Amorebieta. Pero ni rastro. Ni una pista, según mandos de la lucha antiterrorista, que no obstante están convencidos de que el etarra se encontraría en suelo francés, al menos por el momento, y a la espera de poder viajar a un tercer país.

El operativo en Francia, en cualquier caso, se vio obstaculizado durante buena parte del día a cuenta de los errores en la orden de búsqueda y captura (primero nacional y luego internacional) dictada por los mismos jueces que le dejaron en libertad. En un principio, la justicia francesa mostró reparos a cumplir la orden europea de detención (OED) de la Audiencia Nacional, ya que ésta -inexplicablemente y como es preceptivo- no especificaba todas las causas por las que fue condenado Troitiño ni los motivos por los que solicitaba el posible allanamiento de domicilios privados en caso de sospecha.

Alfredo Pérez Rubalcaba reconoció que la euroorden tenía un «defecto» aunque explicó que el problema se subsanó y que ese error no afectó a la búsqueda y detención del terrorista. Eso sí, el máximo responsable de las fuerzas de seguridad quiso dejar claro que antes de que la Audiencia Nacional ordenara la tarde del martes la captura del expreso, su departamento no podía haber sometido a ningún tipo de control sobre el exrecluso. «Antonio Troitiño fue liberado porque un tribunal dictó un auto según el cual había cumplido su condena; a partir de ahí, es un hombre libre, es un ciudadano que tiene todos los derechos intactos, nos guste más o menos», con una libertad de movimientos que «no puede ser vigilada ni controlada».

«Ilegal»

El vicepresidente cargó sin disimulo contra el PP y, sin citarlo, contra su responsable de Justicia, Federico Trillo, quien se quejó este miércoles de que las fuerzas de seguridad no estuvieran siguiendo al exrecluso y adelantó que pedirá responsabilidades al Gobierno por no haber sometido al etarra a una «vigilancia constante» para evitar su huida. Pérez Rubalcaba recordó a Trillo que pedir algo así a la policía habría sido simplemente «ilegal». «Ese es el Estado de Derecho», insistió Rubalcaba, quien lamentó los «puros dislates» e «incursiones muy desafortunadas en el Estado de Derecho» de responsables del PP, a los que no nombró, pero recordó que son licenciados en Derecho y, a pesar de ello, hacen comentarios dignos de «de otro sistema político».

Entre tanto, los magistrados de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, los que la pasada semana ordenaron la libertad de Troitiño en aplicación de la doctrina del Constitucional, hicieron público ayer el auto por el que revocaron esa decisión el pasado martes. Los jueces Alfonso Guevara, Clara Bayarri y Guillermo Ruiz Polanco explican en su resolución que su giro de 180 grados está motivado por la sentencia que el Tribunal Supremo hizo pública el lunes y en la que ordena que a los etarras Ignacio Fernández de Larrinoa y Gotzone López de Luzurriaga se les descuente la prisión preventiva del total de su condena (más de un centenar de años a cada uno) y no sobre el máximo de cumplimiento (30 años). Se trata de una doctrina totalmente opuesta a la que promulgó el Constitucional en un fallo de 2008 sobre un estafador magrebí y que fue la que siguieron a rajatabla los jueces de la Sección Tercera en el caso de Troitiño.

Según los tres magistrados, la nueva sentencia del Supremo «completó» la doctrina del alto tribunal sobre el «doble cómputo de condena». La Sección Tercera no menciona que el fallo sobre Fernández y López, aunque se dio a conocer a la opinión pública el lunes, tiene fecha de 28 de marzo, más de dos semanas antes de que la Audiencia Nacional ordenara que Troitiño abandonara la cárcel de Huelva.

Aún así, Guevara argumenta que «a consecuencia de esta sentencia» -anterior a su decisión- «debe estimarse el recurso presentado por el Ministerio Fiscal» y revocar así la excarcelación del exmiembro del ‘comando Madrid’ quien, en virtud de la ‘doctrina Parot’ y si finalmente es capturado, deberá cumplir 30 años de condena efectiva, esto es, hasta el 17 de enero de 2017.

Atípica reunión

En cualquier caso, la reunión del martes en la que se acordó la ‘marcha atrás’ fue, cuanto menos, atípica. En primer lugar porque uno de los magistrados, Ruiz Polanco, ni siquiera se encontraba en Madrid. Y en segundo, porque, tal y como había acordado el órgano de Gobierno de la Audiencia Nacional, debía ser el Pleno de la Sala de lo Penal (compuesto por 16 magistrados) el que el próximo lunes resolviera el recurso de la Fiscalía, habida cuenta de la trascendencia del asunto a analizar.

Así las cosas, el pseudosindicato Manos Limpias anunció su decisión de denunciar en breve al magistrado Guevara ante el Consejo General del Poder Judicial por «la ignorancia inexcusable en el cumplimiento de los deberes judiciales», por no haber consultado previamente con la Fiscalía su decisión de excarcelar a Troitiño en aplicación de la doctrina constitucional.