La reclamación de las actas de todos los Consejos de Gobierno de la Junta de Andalucía desde 2001 para investigar el supuesto fraude en los ERE fue innecesaria y desproporcionada, según la Fiscalía Anticorrupción, que ha recurrido el auto de la jueza instructora. La decisión ha sido aplaudida tanto por el presidente de la Junta como por el PSOE andaluz al entender que da la razón al Gobierno autonómico, mientras que desde el PP se han apresurado a lamentar que el Ministerio Público esté del lado del Ejecutivo “y no de la investigación”.

El recurso de Anticorrupción se produce una semana después de que la Junta, que esgrime que es información reservada, entregase de forma cautelar las 480 actas de los Consejos de Gobierno de la última década a la jueza instructora con el apercibimiento de que en caso contrario podría ser acusada de obstrucción. La jueza, que trata de esclarecer si el Ejecutivo conocía las trabas de Intervención General de Hacienda a la fórmula para el reparto de ayudas a empresas en crisis, insinuó además que era una forma de evitar una “hipotética” manipulación o alteración de los documentos mientras el Tribunal Supremo decidía si la jueza era competente para analizar dichas actas, como cuestionaba la Junta.

Actitud obstruccionista

Ahora, según fuentes judiciales, el Ministerio Público estima que la decisión de la jueza no está suficientemente motivada, ya que ningún hecho anterior permite deducir que se vaya a tratar de evadir la acción judicial o perjudicar al interés público. El propio fiscal jefe Anticorrupción, que ha asumido el caso, recalca que la administración autonómica ha colaborado con la Justicia y atendido todos los requerimientos del juzgado, por lo que no se le puede presumir una futura actitud obstruccionista en una causa en la que es parte afectada y además está personada.

En su auto, el Ministerio Público recuerda que, como administración pública, la Junta ya está sujeta a la ley de custodia y protección de los documentos sobre sus pactos administrativos. Subraya además que, ante la hipótesis de un riesgo cierto de alteración de las actas, lo “más lógico” hubiera sido adoptar medidas directas como la incautación in situ, por lo que insta a la instructora a solicitar solo los documentos relacionados con los ERE y atender así el principio de proporcionalidad.

La decisión de la Fiscalía ha sido aplaudida desde el PSOE-A, que entiende que da la razón a los postulados de la Junta ante una petición que considera indiscriminada. También el presidente autonómico, José Antonio Griñán, se ha mostrado satisfecho por lo que entiende un apoyo de la Fiscalía , y ha recordado que la Junta no ha mostrado ninguna oposición a facilitar a la jueza “las actas que crea imprescindibles” para el caso.
Demanda contra Iván Chaves

Sin embargo, las críticas no han tardado en llegar desde la oposición. El presidente del PP-A, Javier Arenas, se ha mostrado “preocupado” porque el Ministerio Público no haya apostado “por estar al servicio de la legalidad y la transparencia” y porque en los últimos días “se hayan producido nombramientos de fiscales vinculados a los ERE “. Y ha acusado a la Junta de incurrir en un “delito muy grave” por no investigar las posibles irregularidades en los ERE ya extinguidos o pagados de los últimos años, “es corrupción”. En este sentido, ha anunciado que los diputados regionales remitirán cartas al Ejecutivo regional para que se investiguen estos expedientes -con unos 19.000 trabajadores, según sus datos o permitan acceder a esa documentación.

Mientras tanto, el seudosindicato Manos Limpias presentó la primera querella contra Iván Chaves, el hijo del expresidente andaluz Manuel Chaves a raíz de las informaciones que señalan que pudo beneficiarse de su apellido para intermediar entre la administración y varias empresas. En la demanda se acusa a Iván Chaves de los supuestos delitos de tráfico de influencias, negociación prohibida a funcionarios y autoridades, delito societario, contra la Hacienda Pública y corrupciones entre particulares. La anterior denuncia que presentaron por las subvenciones concedidas a la empresa donde trabaja su otra hija fue archivada por la Fiscalía.