Los ataques a la Iglesia católica se recrudecen en España.

El Gobierno pretende aprobar un proyecto de ley que, con la excusa de regular los requisitos que deberá cumplir cualquier centro de culto en España para poner fin a la “disparidad” actual de criterios de los ayuntamientos a la hora de conceder licencias, dará poder a las administraciones públicas para limitar el número de centros de culto religioso. Se siguen así los pasos dados por el Parlament de Cataluña al aprobar una ley similar durante la etapa del tripartito.

Para que los políticos permitan a los fieles acudir a cumplir con sus obligaciones religiosas y su devoción, se obligará a los templos a contar con las condiciones materiales y técnicas mínimas de seguridad, salubridad, accesibilidad, protección acústica, aforo, evacuación y para evitar molestias a terceras personas. Todo lo cual da una coartada perfecta para cerrar aquellas parroquias que se consideren inapropiadas, o a las que, por ejemplo, acuda mucha gente.

La ley no afectará a los centros de culto incluidos en el inventario del patrimonio cultural, pero los oratorios que estén actualmente en funcionamiento deberán comunicar en un plazo de “cinco años” después de que se apruebe el reglamento que cumplen las condiciones exigidas.

Asimismo, quien aspire a abrir un centro de culto deberá obtener antes una licencia municipal de apertura, y los alcaldes podrán cerrar aquellos locales destinados a reunión con fines religiosos que no dispongan de licencia o bien que incumplan el reglamento.