El Supremo dijo no, pero no fue, ni mucho menos, por la unanimidad que buscaba. La Sala Especial del artículo 61 del alto tribunal, tras nueve horas de acalorado debate, acordó hoy denegar a Sortu su inscripción en el registro de partidos del Ministerio del Interior. La división fue tal que tres magistrados, en una decisión sin precedentes en los procesos de ilegalización de formaciones políticas, anunciaron que plantearán votos particulares porque creen que Sortu debe estar en las elecciones de mayo.

Según explicaron fuentes judiciales, la mayoría de los magistrados, como sostenía el Gobierno y la Fiscalía, consideraron que la nueva marca independentista vasca, a pesar de que sus estatutos rechazan la violencia de ETA, no es más que un nuevo sucedáneo de la ilegal Batasuna para burlar la ley de partidos y que su legalización sería un fraude a las sentencias que proscribieron a la coalición y a sus herederas. Tras el varapalo de este miércoles en el Alto Tribunal, a Sortu sólo tiene una última oportunidad para concurrir a los comicios del próximo 22 de mayo, el Constitucional. El partido podrá recurrir en amparo a la corte en cuanto le sea notificada la totalidad de la sentencia que aborta su nacimiento legal. Hoy sólo se conoció el fallo, la parte dispositiva de la resolución.

A partir de ahí, serán los miembros del Constitucional, que no tienen plazo legal alguno para resolver esta apelación por no ser un amparo electoral, los que decidan si hacen una excepción y se ponen a estudiar el asunto de inmediato, habida cuenta de que Sortu quedaría definitivamente fuera de los comicios si no hay un fallo favorable -y que revoque la sentencia del Supremo- antes del 18 de abril, último día hábil para presentar las candidaturas.

Minoría a favor

La Sala Especial, encabezada por el presidente del Supremo, Carlos Dívar, tras reunirse en sesión de mañana y de tarde y después de un tenso debate en el que varios magistrados se mostraron abierta y públicamente a favor de dejar que Sortu concurra a las urnas, acordó rechazar el alta del partido en el registro de Interior en ejecución de las sentencias que ilegalizaron a Batasuna, Herri Batasuna y Euskal Herritarrok. Unos fallos en cuya aplicación este mismo tribunal ya dejó fuera de las elecciones de 2007 a Abertzale Sozialisten Batasuna, el único partido “ex novo” con el que la izquierda independentista ilegalizada, hasta ahora, había intentado participar en unos comicios.

La discusión fue tan acalorada que en ningún momento siquiera se vislumbró la posibilidad de un fallo unánime, como había ocurrido hasta ahora con todos los anteriores intentos de la izquierda abertzale por volver a las elecciones, a excepción de Iniciativa Internacionalista en las elecciones europeas de mayo 2009, el único precedente de un Supremo tan dividido. Aun así, la mayoría de magistrados, explicaron fuentes del tribunal, al final apoyó las tesis de Carlos Lesmes, ponente de las demandas, que defendió con “contundencia” y durante dos horas la no inscripción al entender que el nacimiento de Sortu no es fruto de una verdadera ruptura con ETA y con Batasuna tras un largo debate en 2009 y 2010, como sostienen sus abogados.

Lesmes habló de “sucesión fraudulenta” de Batasuna e insistió en la evidencia de que los dirigentes de las formaciones ilegalizadas están detrás de la nueva marca. Negó además que su rechazo al terrorismo sea “sincero”, como argumentó el martes ante la sala Iñigo Iruin, el letrado de la formación y redactor de los estatutos de la misma. Iruin había pedido al tribunal que dejara pasar a Sortu, aunque sólo fuera por que su legalización sería una “herramienta fundamental para el fin de la violencia en el País Vasco ya que “estrangularía cualquier espacio social y político para la práctica de la violencia”. La sentencia, cuyo contenido íntegro se conocerá a principios de la semana próxima, recogerá buena parte de los alegatos que la Abogacía del Estado y la Fiscalía hicieron ante la sala, revelaron juristas conocedores de las deliberaciones de las últimas horas. Éstos precisaron que los magistrados también tienen intención de hacerse eco de muchas de las pruebas presentadas por los servicios antiterroristas de la Policía y la Guardia Civil incluidas en los informes que sirvieron de base a las demandas del Gobierno y del Ministerio Público.

“Complejo ETA-Batasuna”

El martes, en su alegato final, el abogado del Estado en este proceso, Manuel Rivero, había acusado a la formación a la nueva marca electoral de la izquierda ‘abertzale’ de ser la “enésima manifestación del complejo ETA-Batasuna”, de ser “parte del mismo complejo estratégico” terrorista. El fiscal Antonio Narváez, también reclamó la ilegalización de Sortu porque su alejamiento de la violencia es “puramente estratégico y utilitarista”. El Ministerio Público habló de un “ropaje formal de aparente ruptura” con ETA y Batasuna, sólo con el fin de concurrir a los comicios.

Un día antes, el lunes cuando comenzó la vista para decidir el futuro de Sortu, los especialistas de la Policía y la Guardia Civil que elaboraron los informes que han servido de base para las demandas contra la nueva formación encuadraron la creación de la formación dentro de la “estrategia político militar” de la propia ETA. Un movimiento táctico, detallaron, que pasa por “desactivar temporalmente la violencia terrorista” para “priorizar” la “vía política”, pero siempre sin “descartar la (vía) militar”.

Ante los 16 magistrados de la Sala del 61, los agentes de las fuerzas de seguridad explicaron que Batasuna ha apostado por el nuevo partido y las vías políticas por mero “utilitarismo” y no por convencimiento de que los atentados son reprobables. “Sortu es un iniciativa de Batasuna para refundarse y relegalizarse (sic)”, señalaron. Un proyecto, que aunque ETA no comparta en su totalidad, ha “bendecido” y ha dado su “placet” con el único fin de volver a las instituciones en las elecciones de mayo.

La Sala del 61 del Tribunal Supremo ha acordado prohibir la inscripción como partido político de Sortu, la nueva formación de la izquierda abertzale, han informado fuentes del Alto Tribunal.

La Sala Especial se ha reunido después de que ayer finalizara la vista pública para estudiar las demandas de la Abogacía del Estado y la Fiscalía para impedir que Sortu acuda a las urnas, en las que los demandantes aseguraron que esta formación no ha roto con ETA y que el rechazo de la violencia en sus estatutos es “insuficiente”. Por su parte, el abogado de Sortu, Íñigo Iruin, reclamó a la Sala del 61 que permita la inscripción de esta formación porque, en su opinión, es un ingrediente indispensable “para construir un futuro sin violencia”.

El Alto Tribunal dejó en suspenso la inscripción de la nueva formación de la izquierda abertzale en el registro de partidos del Ministerio del Interior el pasado 3 de marzo tras admitir la demanda del Gobierno. El Supremo, previsiblemente, no tardará mucho en resolver y ha declarado hábiles los fines de semana para resolver las demandas antes de que se convoquen las próximas elecciones municipales del 22 de mayo por la trascendencia del caso y “en protección del interés general”.

La Sala del 61 está integrada por los presidentes de las cinco Salas del Supremo, Juan Antonio Xiol (Civil), Juan Saavedra (Penal), Ángel Calderón (Militar), Gonzalo Moliner (Social) y José Manuel Sieira (Contencioso-Administrativo) y por el presidente del Supremo, Carlos Dívar. Además, la forman los magistrados más antiguos y más modernos de cada Sala.

Los más antiguos son Aurelio Desdentado, Jesús Corbal (en sustitución de Xavier O’Callaghan), Ricardo Enríquez, Carlos Granados y José Luis Calvo, mientras que los más modernos son Alberto Jorge Barreiro, Carlos Lesmes, Rafael Gimeno-Bayón, Manuel Ramón Alarcón y Francisco Javier de Mendoza.