El dinero supuestamente defraudado en los expedientes de regulación de empleo financiados por la Junta supone una cantidad inferior a los 10 millones de euros, según los datos que baraja el Gobierno andaluz, que lo cifra en menos del 2% del fondo de 641 millones destinados a estas ayudas.

El dato de este porcentaje lo ha barajado hoy el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, en una entrevista radiofónica y ha sido confirmado en rueda de prensa por la consejera de la Presidencia, Mar Moreno, quien ha anunciado que esta semana se conocerán los datos definitivos de la investigación interna abierta por la Consejería de Empleo.

Los últimos datos oficiales ofrecidos por el consejero de Empleo, Manuel Recio, en el Parlamento recogían 146 casos irregulares después de haber analizado los datos de 64 empresas, de las que 32 presentan esas 146 irregularidades.

Un total de 59 casos son “ajenos a las empresas, es decir, son los llamados presuntos intrusos”, mientras hay 87 casos que se consideran “discrepancias administrativas”.

El 10 de marzo, la investigación tenía pendiente de analizar 290 expedientes de cuatro empresas, aunque la Junta ha recalcado que su intención es recuperar hasta “el último euro mal utilizado”.

Mar Moreno ha sostenido tras el Consejo de Gobierno que los cálculos aportados por el presidente se deducen del hecho de que la prejubilaciones irregulares supone algo más del 1 por ciento, con lo que la cantidad defraudada “difícilmente superará esa cifra”.

La cifra -ha insistido- “nada tiene que ver” con la que intenta acuñar el PP, que “quiere descalificar” el conjunto de los fondos.
Sobre la querella presentada por los populares, en la que se pide la nulidad de los actos administrativos, la portavoz del Gobierno lo ha atribuido a “su propaganda judicial porque lo que intenta es acuñar la idea de que los 647 millones destinados a estas ayudas fueron mal utilizados”.

En opinión del Ejecutivo, lo que persigue el PP es “elevar el volumen” de las cantidades defraudadas aunque incurra en una “grave responsabilidad y cuestione el derecho de unos 6.000 trabajadores honestos que nada tienen que ver con las irregularidades y nada tienen que temer sobre la percepción de sus prejubilaciones”, ha puntualizado.

Moreno ha recalcado la idea de que el PP “no tiene el menor reparo en sembrar la inquietud y desconfianza a estos trabajadores honrados hablando de esa cifra voluminosa con la que está mintiendo a los andaluces desde el minuto uno de la investigación”.

Preguntada por la información según la cual el exconsejero de Empleo Antonio Fernández ha renunciado a cobrar 386.181 euros de dicho fondo al ordenar a la aseguradora que lo excluya de la póliza que paga la Junta, Moreno ha comentado que ya dejó claro que no pretendía en ningún momento percibir ese dinero. “Estas cuestiones las tiene que aclarar el señor Fernández. La Junta no conoce el detalle de su actividad”, ha agregado.

Además, ha negado que otra dirección general desviara dinero (10,5 millones) a dicho fondo al aseverar al “cien por cien sin ningún género de dudas, al mil por mil, que esos recursos fueron administrados por la Dirección General de Desarrollo Tecnológico y fueron dirigidos a la finalidad adecuada”.