Fotomontaje de Manuel Chaves detenido por la Guardia Civíl.

6.350 expedientes de incentivos a 5.870 empresas, miles, pues, de infracciones administrativas, un delito contra Hacienda y 25 de falsedad documental: ese es el resultado provisional de la Operacion Building que titula los resultados de la investigación de la Guardia Civil sobre el presunto fraude en las ayudas de la UE para la creación de empleo en Andalucía. Igualmente, está revelando la falta de control en la supervisión de las subvenciones por parte de la Consejería de Empleo. La cantidad supuestamente defraudada asciende a 23.387.846,47 euros.

La Guardia Civil encuentra posibles delitos contra la Hacienda Pública a la empresa sevillana Asistencial Geriátrica Andaluza Reifs SL, a la que la Consejería de Empleo concedió sendas subvenciones por 163.000 euros a cambio de contratar a 41 trabajadores para su geriátrico de Utrera que debían ser mantenidos en el empleo 4 años, pero despidió a 22 y no reintegró los 88.000 euros correspondientes que fueron recibidos. Fuentes del grupo Reifs, que aseguran desconocer estas diligencias, dijeron ayer a este periódico que la residencia de Utrera tiene hoy el «doble» de trabajadores que cuando se abrió en 2004 y que el 80% de la plantilla inicial aún se mantiene. Pero precisaron que el personal fue absorbido por otra empresa del grupo (Asistencial Reifs SL) y que este cambio, «firmado» por los trabajadores, fue comunicado a la Tesorería General de la Seguridad Social.

Presuntos delitos de falsedad documental se sospechan en otras 23 empresas andaluzas por la «obtención fraudulenta» de incentivos por convertir contratos temporales en indefinidos. La irregularidad consistiría en cobrar la ayuda por la contratación de personas que «nunca» trabajaron para esas firmas. Las empresas, unas niegan y otras matizan.

La Fiscalía Superior insta a la Junta a actuar para la «recuperación de las cantidades indebidamente obtenidas» e imponer las sanciones pero las dificultades proceden la Consejería de Empleo no tiene los datos cruzados ni con la Seguridad Social ni con Hacienda. La Junta, cómo no, minimiza el fraude y el escándalo.

La Junta de Andalucía ha abierto durante los últimos cuatro años 4.082 expedientes de reintegro de fondos europeos para incentivar el empleo en las empresas andaluzas, fruto de un trabajo de control masivo en el que se han visto revisados casi 7.000 expedientes. Lo cuenta El Correo de Andalucía.

El montante que la Junta ha impuesto para devolver por estos 4.082 expedientes se sitúa en torno a los 20 millones de euros. Por provincias, la más afectada es Granada, con 2.064 expedientes, más de la mitad del total; la siguen Sevilla, con 469; Almería, con 292; Córdoba, con 281; Cádiz, con 278; Huelva, con 270; Jaén, con 259, y Málaga, con 169 expedientes.

Fuentes oficiales de la Junta señalan que “estos datos demuestran el control y la diligencia del Gobierno andaluz, que en todo momento ha cumplido con su obligación de controlar” el cumplimiento de los requisitos y los objetivos por los que se han venido concediendo estos fondos: la creación de empleo. La mayoría de los expedientes se resolverán por la vía administrativa, al ser la cuantía del fraude menor de 120.000 euros.

En estos casos, el Gobierno andaluz reclamará todas las subvenciones que no hayan llegado a buen fin, “como ha venido haciendo hasta ahora”. La investigación impulsada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) estima un presunto fraude global de 26 millones de euros, pero solo en 24 casos el comportamiento de los empresarios derivará en un proceso penal.