El Alto Tribunal ha rechazado el recurso contencioso-administrativo que la Asociación Preeminencia del Derecho interpuso en julio de 2010 contra el presidente al objeto de que devolviera al erario público los gastos derivados de la utilización del avión oficial Falcon para acudir a mítines del PSOE.

Así consta en un auto hecho público este jueves en el que la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo defiende la “falta de legitimación activa” de este colectivo para plantear esta cuestión, ya que lo que pretende, a juicio del tribunal, “no es el ejercicio de un fin o interés propio, sino una persecución general de la moralidad de la actuación pública”.

La resolución judicial señala que la asociación debería utilizar “otro cauce diferente de la jurisdicción contencioso-administrativa” para llevar a cabo su petición, ya que en ésta “no existe la legitimación general más que en determinadas materias muy determinadas”, entre las que cita las de “medio ambiente o urbanismo”.

Con este auto, del que ha sido ponente el magistrado José Guerrero Zaplana, la Audiencia Nacional acoge el criterio planteado por la Abogacía del Estado, que argumentó que “la defensa genérica de la legalidad” no es suficiente en la jurisdicción contencioso-administrativa para atribuir legitimación a la parte recurrente.

RECURSO AL CONSTITUCIONAL Y QUERELLA EN EL SUPREMO

Sin embargo, la Asociación Preeminencia del Derecho, presidida por el abogado José Luis Mazón, autor de varias querellas contra el juez Baltasar Garzón, estima que este criterio contraviene la doctrina del Tribunal Constitucional, que ha avalado que existe “interés legítimo” por parte de un recurrente siempre que haya correlación entre los fines de la asociacion y el acto administrativo impugnado.

Además del recurso ante el Constitucional, Mazón pretende iniciar acciones por la vía penal y presentar una querella o denuncia contra el jefe del Ejecutivo ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo por un posible delito de malversación de caudales públicos.

En concreto, la Asociación Preeminencia del Derecho recurrió ante la Audiencia Nacional la resolución tácita aprobada por el Ministerio de Política Territorial por la que desestimaba la reclamación planteada el 10 de junio de 2009 en relación al reintegro de los costes de los viajes en avión oficial del presidente del Ejecutivo.

“SÍNDROME DEL CALIFA”

En su escrito, el recurrente sostenía que el Falcon había sido utilizado para trasladar al presidente a “mítines del partido en Sevilla y Gijón” y un “viaje particular o de placer a Londres para llevar a sus hijas al colegio inglés o ir de compras”. “Rodríguez Zapatero ha generado responsabilidad patrimonial personal, ya que debe de devolver al erario público los gastos realizados en bienes públicos para fines puramente particulares suyos y de su partido”, recalca.

En este sentido, recordaba que cuando los ex presidentes del Gobierno José María Aznar y Felipe González viajaban a mítines, sus partidos les alquilaban aviones en los que iban con sus dispositivos de seguridad. “Zapatero parece sufrir la euforia o síndrome del califa, de modo que los bienes públicos se les representan en su imaginación como todos al servicio de sus necesidades privadas o familiares, fiebre de todo nuevo rico”, indicaba.