En la imagen, la ministra de Igualdad, Leire Pajín.

Mientras que la administración nos enseña un concepto de maltrato hacia la mujer que roza la paranoia, lo obvia cuando es la madre quien lo ejerce hacia el hijo y su padre. Se da la paradoja que está reconocido en la propia ley del divorcio, lo que nos habilita para demandar a la Administración de Justicia por crimen de Lesa Humanidad y por funcionamiento anómalo de la administración de justicia.

Palabra dirigida al varón perseguido por el Santo Oficio Fundamentalista de Género encarnado en la voz del Instituto de la Mujer en su particular IIIII Macro-encuesta sobre la violencia contra las mujeres.

Nos quedamos con el negro sobre blanco de lo que es maltrato pero, claro, aplicado de un ser humano a otro sin entrar en consideraciones de raza, sexo o religión, tal como nos enseña la maltrecha Constitución Española.

De esa forma entendemos la existencia, y así lo denunciamos, de un maltrato masivo judicial español hacia los menores y sus padres (ambos progenitores, según definición de la RAE), aunque sea mayoritario el padecimiento del varón, que al ser un instrumento al servicio del dogma fundamentalista de género, evidenciaría la existencia de un crimen de Lesa Humanidad. Además, este crimen, dista mucho de ser desconocido, ya que es reconocido por el Congreso y el Senado del Estado Español. En efecto, la ley del divorcio lo reconoce expresamente en su preámbulo cuando afirma: “…el cónyuge … quedase alejado de la prole. Al amparo de la Ley 30/1981, … se ha desarrollado una práctica … que materialmente ha impedido en muchos casos que, tras la separación o el divorcio, los hijos continúen teniendo una relación fluida con ambos progenitores. La consecuencia de esta práctica ha sido que los hijos sufran innecesariamente un perjuicio que puede evitarse”.

Además reconocen que han de tomar medidas para prevenir la situación: “Así pues, cualquier medida que imponga trabas o dificultades a la relación de un progenitor con sus descendientes debe encontrarse amparada en serios motivos, y ha de tener por justificación su protección ante un mal cierto, o la mejor realización de su beneficio e interés”.

A la luz de lo indicado, parece claro que: 1. La política de género española ejerce una forma de maltrato a padres e hijos, reconocida expresamente por la Administración del Estado Español como tal.

2. Dicen que para separar a un padre de un hijo, han de concurrir serias razones cuando …., lo hacen con toda la ligereza del mundo y, por defecto, sin más ….

3. Ni siquiera motivan las sentencias en la mayoría de los casos (57.3% de las sentencias, estimamos 95% de jueces), aún siendo una falta disciplinaria muy grave contemplada en la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Todo parece indicar que la Administración Española estaría cometiendo un crimen de Lesa Humanidad contemplado en el artículo 7. H del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.

Como antecedentes que fortalece nuestra postura, encontramos la Resolución 1.325 de 31 de octubre de 2000 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre mujer, paz y seguridad. Se ocupa sobre la función y la experiencia de las mujeres en un conflicto armando con especial énfasis en la necesidad de enjuiciar a culpables de genocidios, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, especialmente los relacionados con la violencia sexual y de otro tipo contra las mujeres y las niñas durante el conflicto armado. Debemos recordar que el 50% de los niños son mujeres.

Parece que no hay una gran distancia entre una forma de maltrato entre la anterior y la reconocida como tal por la propia Administración y presuntamente ejercida por el aparato del Estado Español, de forma masiva contra miles de padres e hijos, desde instancias judiciales y que convergen hacia el ideario fundamentalista de género español.