La continua llegada de inmigrantes irregulares a España está provocando un incremento de los llamados matrimonios de conveniencia, con la finalidad de regularizar la situación en nuestro país de alguno de sus contrayentes, o de impedir que se produzca su expulsión administrativa. Casarse, pues, es para algunos inmigrantes sin papeles una tabla de salvación, porque les permite alcanzar el ansiado permiso de residencia en España y la apertura de las puertas a Europa. Mediante tales enlaces no se busca en realidad contraer matrimonio, sino que se pretende y, generalmente previo precio, que un extranjero se aproveche de las ventajas de la apariencia matrimonial para facilitar la entrada o regularización en territorio nacional, u obtener con facilidad la nacionalidad del contrayente.

Fuentes del Ministerio del Interior admiten que el pasado año aumentaron “de forma considerable” las peticiones de Tarjetas de Familiar Residente Comunitario, por parte de inmigrantes preferentemente de nacionalidad nigeriana que habrían contraído matrimonio con ciudadanas europeas, principalmente españolas.

Estos matrimonios convenidos, a veces mediante la promesa de dinero -en un caso se habla de 6.000 euros, en otros una cantidad muy inferior-, se lleva a cabo entre parejas que en algún caso no habían llegado a conocerse y que incluso hablaban lenguas incomprensibles entre sí.

Hay que recordar que el contrayente extranjero, al cabo de un año de haber conseguido la ansiada Tarjeta Familiar de Ciudadano de la Unión Europea, puede solicitar la nacionalidad española al cabo de un año. El informe desvela datos importantes y contundentes para el desarrollo completo de la investigación policial. Por ejemplo, se detalla el caso de un juez de La Rioja que se negó a ejecutar el matrimonio civil y el asesor letrado de la pareja se la llevó a inscribirse en un Ayuntamiento de Logroño como pareja de hecho.