Ocurrió un sábado por la tarde de apenas hace un par de semanas. Pedro se disponía a entrar a su casa, donde le esperaba su hijo. Pero no tuvo tiempo de llegar a verlo. Apostado junto a la puerta de su vivienda le aguardaba un individuo mientras otros dos se habían dedicado a seguirle hasta su domicilio, en la céntrica calle Cánovas del Castillo. «Sobrinísimo, hijo de puta» fue lo último que escuchó antes de que un vendaval de puñetazos empezase a chocar una y otra vez contra su faz. Uno de los atacantes, incluso, se armó con un puño americano para pegarle. En lugar de recoger a su chaval y marcharse a dar una vuelta, se tuvo que ir al hospital. Le habían roto la cara.

No le quitaron la cartera ni las llaves de su casa. El ataque contra Pedro Cruz fue cosa de delincuentes pero no de simples granujas. Querían pegarle, porque insultarle ya lo llevaban haciendo desde semanas atrás, como a buena parte del Ejecutivo murciano, sometido a un clima de tensión y acoso constante desde que su presidente, Ramón Luis Valcárcel, recortó el presupuesto y con ello las subvenciones. Pedro, el consejero que recibió la paliza, titular de Cultura y Turismo, fue intervenido en el quirófano por una fractura del pómulo y del maxilar superior izquierdo, del arco cigomático y del suelo de la órbita ocular. Hoy todavía tiene inyectado en sangre el ojo y la cicatriz principal aún aparece pintada de tintura de yodo.

En Murcia la presión había sido intensa. Grupos de manifestantes seguían al presidente autonómico y a sus consejeros a los actos públicos y se había generado un caldo de cultivo que también empezó a burbujear en la Comunitat Valenciana el pasado verano, pero no alcanzó el nivel de los pimentoneros y se diluyó rápido. El 27 de agosto, en la cena celebrada por el PP de la Comunitat en Teulada para iniciar el curso político, alrededor de un centenar de personas entre bomberos, el colectivo En Moviment, miembros de Maulets y otros, esperaban a los populares con pancartas y gritos. Los bomberos habían anunciado días antes que querían hacerse oír por el presidente Camps y amenazaron con acudir a todos los actos en los que el jefe del Consell fuese el protagonista.

Pero la situación se recondujo, y al margen de la huelga general del 29 de septiembre no ha estallado ningún conflicto que derive en protesta continua, como sí sucedió en Murcia.

A pesar de ello, desde la pasada Nochebuena hasta hoy se ha producido una escalada de agresiones con media docena de acciones violentas en la Comunitat, especialmente en la provincia de Valencia, contra personas y emplazamientos de formaciones políticas, desde el PP hasta el PSOE, pasando por Compromís e incluso contra la sede de la Confederación Empresarial Valenciana.

En la noche del 24 al 25 de diciembre fue atacada la sede electoral de Compromís, en la calle Conde Trénor de Valencia, justo al lado de Les Corts. Los cristales de la planta baja estaban rotos, apedreados, y los carteles de sus candidatos, Enric Morera y Mónica Oltra, manchados de pintura. Compromís denunció los hechos ante la Policía y pidió que reclamaran a Les Corts las grabaciones de las cámaras exteriores por si mostraban imágenes y se podía identificar a quienes protagonizaron ese ataque.

Este no es el primer caso de agresión que sufre esta coalición de formaciones de izquierda liderada por el Bloc. «Una concejal de L’Alqueria de la Comtessa recibió una pedrada en el correllengua de Gandia. El 8 de octubre de 2009 a un militante nuestro casi lo matan de una paliza. Y tenemos continuas pintadas amenazantes en nuestras sedes», apunta un portavoz.

Morera propuso el viernes a la delegada del Gobierno, Ana Botella, la creación «de una Fiscalía del odio o de delitos políticos, como tiene Madrid o Barcelona» que investigue y lleve ante los tribunales estas agresiones y actúe «contra los grupos intolerantes que utilizan la violencia como arma política, sean de donde sean».

«Se están vulnerando los derechos constitucionales de reunión y manifestación por parte de grupos que operan con impunidad y todos sabemos quiénes son», denunció Morera que reclamó la actuación preventiva de la Policía y la Guardia Civil para preservar «los derechos de los demócratas» y entregó a Botella «un amplio dossier» con las agresiones sufridas durante los últimos años.

La oscuridad de la noche también sirvió para que un individuo prendiese dos recipientes con líquido inflamable en la vivienda de los padres del alcalde de Chiva, el popular José Manuel Haro. El ataque se produjo en la noche del 8 al 9 de enero. Los cócteles molotov se colocaron en la puerta de la vivienda y en una ventana de la planta baja. Aunque sólo ardió el primero, ocasionó daños en el acceso al inmueble. Los testigos de los hechos hablan de una persona que colocó las botellas y les prendió fuego. Haro, que también es diputado provincial, vinculó la comisión de este ataque a su condición de político del PP. El alcalde ha logrado lo que en Chiva no sucedía desde hacía muchos años: estabilidad municipal tras varias legislaturas repletas de tránsfugas y mociones de censura.

El ataque contra inmuebles vinculados al alcalde de Chiva, en este caso la vivienda de los padres, que se encontraban en el interior cuando sucedieron los hechos, es la primera vez que sucede en esta localidad. José Manuel Haro sí había sufrido pintadas en el pueblo en contra de su gestión, pero nunca atentados contra bienes o personas allegadas.

Nueve días más tarde, el lunes 17 de enero, la sede del PSPV-PSOE en la calle Blanquerías amaneció con cristales rotos e impactos de pintura roja y amarilla. Tres encapuchados, indicaron las fuentes consultadas, protagonizaron la agresión contra la fachada de los socialistas. Al lado de la puerta principal aparecía un número 67, la nueva edad de jubilación, tachado.

Desde que acaeció esa rotura de cristales y el lanzamiento de pintura hasta ahora, la cúpula del socialismo valenciano dice desconocer la evolución de las investigaciones. «Presentamos la denuncia y el seguro se hizo cargo de reparar los daños. No sabemos nada más, sólo que aquel día una organización respaldó el ataque», apuntaron desde Blanquerías.

La mencionada entidad es la Coordinadora d’Assemblees de Joves de l’Esquerra Independentista, una desconocida formación catalanista, que mostró su apoyo a los autores de la acción y la justificó por su rechazo a la reforma de las pensiones y el retraso de la edad de jubilación de los 65 a los 67 años de edad, que finalmente ha acordado el presidente del Gobierno con los dos grandes sindicatos.

El número 67 tachado también apareció esa misma jornada pintado en la puerta de la sede de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV). La organización empresarial, como los socialistas, también quiere pasar página rápidamente y desde la dirección de esta organización se trata de restar importancia al ataque.

Sin solución de continuidad y otra vez bajo el amparo de la oscuridad, como en el caso de Chiva, en la noche del 19 al 20 de enero intentaron quemar la casa de la alcaldesa de Turís, Pilar Blasco, del PSPV-PSOE, empezando por la puerta de acceso al inmueble. «Escuché carreras en la calle y vi el resplandor de las llamas. Alarmada, llamé a mi marido, que intentó sofocar el fuego con la alfombra de la entrada», relató la munícipe.

Pilar estaba en casa junto a su esposo y dos de sus tres hijos. Un policía local ayudó a apagar el fuego. Un vecino de Turís, de 35 años de edad, fue detenido como autor del siniestro. La alcaldesa lo conoce, aunque más a su familia. Confiesa que nunca había tenido roce alguno con él pero señala, según le han confesado los padres del agresor, que puede sufrir problemas mentales y con las drogas.

«He enviado cartas al alcalde de Chiva y a la alcaldesa de Turís mostrando mi repulsa a los ataques que han sufrido», afirmó la popular Elena Bastidas, presidenta de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias.
La también alcaldesa de Alzira aseguró que no tiene constancia de que haya habido más agresiones a alcaldes o concejales en la Comunitat Valenciana durante los últimos meses y que las de Chiva y Turís «afortunadamente, no son algo habitual».

Sí tienen problemas los alcaldes, pero ocasionados por la crisis económica. «Más que nada, presiones que generan situaciones incómodas. Nada que ver, afortunadamente, con lo que sucedió en Murcia y lo de Turís y Chiva son casos aislados. Además, no creo que aquí pueda suceder algo como en Murcia porque allí se creó un clima de gran tensión de manera artificial. Aquí la crisis está generando más nervios de lo que es habitual y se presiona a los alcaldes para conseguir un trabajo», argumentó la presidenta de los alcaldes de la Comunitat.

La sexta acción violenta resultó ser más una trifulca en el interior de un céntrico hotel de Valencia entre los catalanistas independentistas y antiespañolistas de Joan Laporta y los foralistas anticatalanistas de Coalición Valenciana de Juan García Sentandreu, que tomaron como una provocación que el expresidente del Barça acudiera a la capital de la Comunitat a ‘vender’ su partido, recaudar donativos, anunciar que quiere tener presencia en Les Corts Valencianes y cuya pretensión es anexionar Valencia a una Cataluña independizada de España.

Laporta huyó como un rayo del hall mientras Sentandreu, que acababa de salir de los ascensores del hotel acompañado por cuatro o cinco personas, mostraba banderas valencianas y reprochaba su presencia al independentista. Le propinaron un recibimiento hostil, como habían anunciado unos días antes los jóvenes de Coalición Valenciana, con la presencia de su líder, que también había advertido de que se sentía invitado a acudir lo más cerca posible del independentista Laporta para mostrarle su repulsa por viajar a la capital de la Comunitat e insultar a Valencia.

La Policía Nacional entró en el hotel para poner paz y evitar una batalla campal, aunque alguien aprovechó la ocasión para lanzar una sustancia picante que ocasionó picor de ojos y boca. Medio centenar de manifestantes del GAV y de España 2000 habían estado confinados por las fuerzas policiales en la calle Barcelonina mientras simpatizantes del independentista Laporta le hacían el recibimiento a su líder mostrándole cuatribarradas con una estrella en un lateral, la bandera independentista usada en Cataluña.

¿Qué sucede, de un mes a esta parte en la Comunitat, y especialmente en Valencia, para que se hayan producido media docena de agresiones a políticos, sedes de partidos y de organizaciones empresariales? ¿No es suficiente que hayan intentado quemar dos vivienda? ¿Qué ha pasado para que hayan sucedido estos hechos?

«Estamos ante el inicio de un momento electoral en el que hay que incidir en que haya tranquilidad, en que las diferencias solamente se tienen que resolver dialogando», reflexionó Elena Bastidas, la presidenta de la FVMP.
Desde Blanquerías afirman que no se trata de saber si hay motivo para las agresiones o no lo hay. «No se puede justificar. Toda violencia es condenable y en eso el PP y nosotros vamos de la mano. No deberían suceder estos hechos aun en el hipotético caso de que hubiera motivos. ¿Por qué se producen? Hay gente violenta tanto antes como ahora y ya está».