La Junta de Andalucía no responde sobre dos subvenciones que otorgó al novio de la ex ministra Bibiana Aído, Julián Martínez. Tampoco ha informado del destino dado a unos bienes arqueológicos de los que Julián Martínez se encargó de hacer la prospección en Playa Galera. Un escrito con fecha de registro del 22 de abril de 2009 y otro de siete de mayo de ese mismo año, presentados en la Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía por José Santos Urquiza Cabo, y sin respuesta a fecha actual son la última reclamación para que la administración autonómica informe sobre dos subvenciones entregadas al novio de la ex ministra Bibiana Aído en 1989-1990 sin que a estas alturas haya respondido. Por otra parte, hasta el Defensor del Pueblo tuvo que intervenir para que el ministerio de Trabajo investigara al novio de Bibiana.

5,5 millones de pesetas en subvenciones no explicadas

Julián Martínez García, que ejerce como delegado de la Junta de Andalucía en Madrid desde que su pareja fue nombrada ministra del presidente Rodríguez Zapatero y fue trasladada a la capital del Estado, fue el director de la prospección arqueológica que tuvo lugar de agosto a octubre de 1989, tras haber sido descubierta una galeota hundida en la Playa de la Galera.

El descubrimiento lo habían hecho entre otros José Santos Urquiza Cabo en 1980, siendo la arqueóloga y sargento reservista de la Armada, Juana María López Pérez, quien investigó para poner nombre y apellidos al barco hundido en la costa almeriense hace casi 300 años.

Martínez fue el encargado de hacer la prospección oficial para efectuar un informe sobre lo encontrando, y así valorar posteriormente qué hacer con todo el material. Para ello recibió una subvención de 1.640.000 pesetas y otra de 4.739.500 pesetas, ambas de de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, y según un documento en manos de Noticias de Almería y fechado el 13 de junio de 1991, “se ingresó en la cuenta bancaria del señor Martínez abierta al efecto”.

Desde entonces, la Junta de Andalucía no ha hecho nada sobre este hallazgo arqueológico que según los testimonios publicados en la prensa de la época, era de enorme relevancia, hasta el punto de que el entonces consejero de Cultura, Javier Torres Vela, se trasladó a Almería para seguir personalmente las labores que dirigía Martínez.

A la vista de que la administración autonómica dejó el asunto en el olvido tras haberse hablado incluso de calificar el pecio como Bien de Interés Cultural, Urquiza, en su calidad de descubridor, viene reclamando el expediente que debió haberse elaborado por parte de Martínez con la prospección, en el que entre otra cosas debería estar justificado qué hizo con el dinero de las dos subvenciones, y dónde están las piezas que se sacaron del mar para ser estudiadas y cuyo destino debía haber sido el Museo de Almería.

Martínez, nació en Vélez Rubio y es 18 años mayor que la ex ministra, también se ha sabido que era cuñado del delegado de Cultura en Sevilla en la época referida, y ha tenido una carrera meteórica siempre vinculada al PSOE, y ha sido delegado provincial de Cultura en Almería (1994-1996); director del Conjunto Monumental de la Alcazaba de esta ciudad (1996-1999); director general de Bienes Culturales de la Consejería de Cultura (1999-2004) y director general de Bellas Artes y Bienes Culturales del Ministerio de Cultura (2004-2007).

El silencio hasta el momento -y han pasado más de 20 años desde la localización del barco y más de año y medio desde que se pidió información por escrito de este asunto- es total.

Hasta el Defensor del Pueblo

El actual delegado del Gobierno Andaluz en Madrid y novio de la ex ministra Bibiana Aído, Julián Martínez, sólo fue investigado por la contratación irregular de unos buzos para una prospección arqueológica en Almería, a instancias del Defensor del Pueblo, ya que la Inspección de Trabajo en esta provincia se negaba a hacerlo.

Los hechos sucedieron cuando Martínez fue encargado de dirigir la prospección que se realizó en Playa Galera en 1989 en relación al descubrimiento de una galeota que realizó José Santos Urquiza Cabo. Para ese trabajo encargado por la Junta de Andalucía, para el que propio Martínez reconoce que recibió dos subvenciones de la administración autonómica, una de 1.640.000 pesetas y otra de 4.739.500 pesetas.

Martínez fue denunciado en 1990 ante la Inspección de Trabajo por no tener contratados legalmente a los cinco buzos que participaron en los trabajos, pero ésta se negó a investigar el asunto de un modo bastante peculiar. En vez de abrir un expediente y estudiar lo expuesto, el jefe de la Inspección, Valentín Solís, respondió que la denuncia debía ir avalada por una sentencia en ese sentido. Es decir que primero tenía que ser la sentencia y luego la investigación.

El denunciante acudió entonces al Defensor del Pueblo quien dio curso a la misma, a raíz de lo cual, la Inspección de Trabajo entonces sí, se avino a investigar lo ocurrido.

Según el acta, la Inspección finalmente condenó a Martínez por el impago de las cuotas a la Seguridad Social de los cinco profesionales, quienes argumentaron que era él quien les pagaba. En total los buzos cobraron 1.635.000 pesetas, según los justificantes firmados por estos en concepto de “gratificación”, pero quien no cobró nada a pesar de esta decisión administrativa fue la Seguridad Social.

En cualquier caso, esa cuantía percibida por los submarinistas correspondería a una de la subvenciones recibidas por Martínez, pero de la otra, cuatro veces mayor, nada se sabe veinte años después. La Junta de Andalucía sigue sin querer facilitar el informe que Martínez debió elaborar sobre el pecio, en el que debería figurar el destino de las subvenciones y qué pasó con los restos encontrados, de los que nada se sabe.