El juez Ruz ha admitido este lunes varias de las diligencias que en su día fueron rechazadas por el anterior instructor del chivatazo, el juez Baltasar Garzón. Eran diligencias que había solicitado la Asociación Dignidad y Justicia, personada como acusación popular en el caso.

Esta asociación pedirá nuevas diligencias al juez, que situarían tras el chivatazo a ETA a la cúpula del ministerio del Interior.

Así, se solicita que se investigue el tránsito de llamadas entre tres números de teléfono de la subsecretaria de Estado para la Seguridad y uno de los tres imputados, previsiblemente el director general del cuerpo en 2006, Víctor García Hidalgo.

Uno de esos números, según Dignidad y Justicia, habría mantenido contacto con el imputado la noche anterior al chivatazo y unos minutos antes de que se produjera el día de autos, el 4 de mayo de 2006. Esta acusación popular pedirá además otras pesquisas como que se tome declaración al mando policial de entonces, José Cabanillas.