El secretario general del PP andaluz, Antonio Sanz, ha exigido responsabilidades políticas y una “respuesta inmediata” al Gobierno andaluz acerca del uso “presuntamente fraudulento” por parte de la Administración andaluza de casi 700 millones de euros para pagar prejubilaciones a lo largo de los diez últimos años, algo que, según ha asegurado, supone “un hecho escandaloso y de enorme gravedad”.

El primer caso conocido por el gran público fue el caso Mercasevilla donde se advirtieron cinco prejubilaciones irregulares, correspondiendo una de ellas a un alto cargo del PSOE de Baeza que no había trabajado nunca en Mercasevilla. Por ello, el PP toma nota de si estamos ante una nueva forma de corrpción consistente en “pagar” con prejubilaciones ilegales a quienes se les “debe” algo.

ELMUNDO.es publicó ayer que la Junta andaluza ha utilizado concretamente 695 millones entre 2001 y 2010 para pagar prejubilaciones de manera ilegal, un dinero que la Consejería de Empleo ha transferido al Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), convertido después en la Agencia IDEA, desde el año 2001, momento desde el que la Junta viene incentivando prejubilaciones en empresas en crisis ignorando la normativa de subvenciones.

El 17 de julio de 2001, la Consejería de Empleo instauró un sistema cn el que ha burlado la ley de subvenciones al conceder ayudas a empresas en crisis para que prejubilaran a sus trabajadores. El entonces consejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico, José Antonio Viera, y el entonces presidente del IFA, Antonio Fernández, firmaron un convenio para la gestión de ayudas sociolaborales a trabajadores afectados por procesos de reestructuración de empresas en crisis.

Gracias a aquel convenio, el IFA tramitaría las subvenciones a las empresas y pagaría las ayudas en forma de prejubilaciones además de realizar los “estudios” necesarios para ello. De este modo, Por ejemplo, se ha incumplido sistemáticamente la obligación de que el Consejo de Gobierno autorice la adjudicación de ayudas superiores a tres millones de euros y se ha omitido la obligada publicidad de esos incentivos en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA).

Al final de la Convención Nacional del PP en Sevilla, Antonio Sanz que ha señalado que se está hablando “de muchísimo dinero público utilizado en presuntos expedientes de empleo irregulares”, ha considerado que estos hechos “no se pueden tolerar” y que la Junta de Andalucía tiene que aclarar “de manera inmediata” el procedimiento que seguía para declarar estos ERE.

Según el PP andaluz estamos ante “un escándalo mayúsculo que se extiende a varias provincias y a decenas de empresas públicas y privadas”. El presidente de la Junta, José Antonio Griñán, y su antecesor, Manuel Chaves, tuvieron que tener constancia de lo ocurrido con lo cual se les abre un nuevo frente de responsabilidades.

El ‘número dos’ del PP andaluz dice que se está ante un “auténtico tsunami” que puede afectar de manera “muy grave”, tanto a responsables del Gobierno andaluz como del PSOE-A. “Hay que depurar hasta el final este asunto y desde mañana mismo llevaremos iniciativas al Parlamento para exigir explicaciones de inmediato”, ha concluido.