Piropear a una compañera de trabajo o comer jamón junto a un empleado musulmán de tu misma empresa serán acciones perseguidas por el Gobierno. De nuevo la ministra de Igualdad, Leire Pajín, se erige en protagonista de un dislate político concebido para el exhaustivo control de los españoles y su sometimiento pleno a las pautas de comportamiento ideadas por su Ministerio. El artículo 14 de la Constitución dice que «los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social». Una caja en la que se han metido leyes y reglamentos durante las últimas tres décadas. Sin embargo, el Gobierno ha considerado que el precepto constitucional necesita ser desarrollado y ampliado con la Ley Integral para la Igualdad de Trato y la No Discriminación (LIT) cuyo anteproyecto aprobó ayer el Consejo de Ministros. En este primer boceto, el Ejecutivo prevé la ampliación de los motivos de discriminación y la creación de un organismo gubernamental que vigile su cumplimiento, aunque aún no se ha determinado su forma.

Esta especie de ‘defensor del ciudadano’ nacerá de la fusión de varias instituciones, como las subdirecciones para la Igualdad en el Empleo y contra la Discriminación y la de Igualdad de Trato o el Observatorio de Racismo y Xenofobia, entre otros. Su objetivo será el de asistir a los afectados y promover fórmulas de mediación o conciliación entre las partes con su consentimiento. Para su creación, según fuentes gubernamentales, se tomará como ejemplo al Defensor del Pueblo aunque con matices. Mientras la institución que preside en funciones María Luisa Cava de Llano intercede entre administraciones y ciudadanos, este nuevo organismo tratará diferencias entre particulares y empresas.

Además, no será necesaria una denuncia de la parte afectada y podrá actuar de oficio si se percata -por ejemplo, a través de un medio de comunicación o el informe de una ONG o un sindicato- de que se está discriminando a alguien por el peso, el físico o cualquier otra circunstancia. El máximo responsable de esta autoridad estatal tendrá un mandato superior a una legislatura y su elección requerirá el consenso de los partidos mayoritarios.

El Gobierno espera lograr el «máximo consenso y la mayor participación posible», según explicó la ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad. Leire Pajín comentó que este anteproyecto cumple con una de las promesas electorales del PSOE que pretende sacar a la luz «los problemas de discriminación que existen en la sociedad». La ministra adujo que los objetivos de la LIT es modernizar el artículo 14, consolidar la igualdad, ser un mínimo común denominador normativo, dar cobertura a las discriminaciones actuales y las futuras y transponer las directivas comunitarias de protección.

El anteproyecto garantizará también el derecho a no ser repudiado por edad, discapacidad, orientación e identidad sexual o enfermedad. Otra de las novedades es que incorpora todas las exclusiones tipificadas en la Unión Europea: discriminación por asociación, por error y múltiple; acoso discriminatorio; inducción, orden o instrucción de discriminar y represalia. También se reconoce la diferencia de trato no discriminatoria, es decir, una cláusula de salvaguardia para aquellas diferencias objetivas, legítimas y adecuadas derivadas de la disposición, el acto, el criterio o la práctica.

Sin humillaciones

El texto establece la igualdad de trato en diferentes ámbitos como los partidos, sindicatos, la educación, la salud, los servicios sociales o el acceso a la vivienda. También se tendrá que respetar este derecho en los medios de comunicación; en concreto, en la publicidad: se considerará ilícita aquella que contenga elementos discriminatorios. «Se trata de construir una sociedad que no humille a nadie, una sociedad donde sentirse seguro y amparado por la ley», argumentó la titular de Sanidad, quien aseveró que con esta norma en España pretende situarse al nivel de otros países como Francia, Alemania o Suecia.

Pajín resaltó que el anteproyecto del Gobierno es «garantista» y que no hay que verlo como una normativa hecha para unas minorías, ya que son rasgos que «nos afectan a todos». En este proceso de concienciación, los poderes públicos podrán adoptar medidas de acción positiva e impulsar políticas de fomento en las relaciones entre los particulares; tendrán la obligación de incorporar en las estadísticas y estudios los datos específicos e indicadores sobre discriminación e incorporarán la igualdad de trato y la no segregación en sus actividades formativas y en las pruebas de acceso al empleo público.

El anteproyecto comenzará ahora su viaje por los distintos órganos consultivos, como el Consejo de Estado, el del Poder Judicial, y el Económico y Social, para que hagan sus aportaciones al texto. El Gobierno espera aprobar el proyecto definitivo en un par de meses para que entre en el Congreso para su tramitación en marzo.