El sistema bancario español fue defendido y presentado por el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero como el seguro contra un eventual agravamiento de la crisis, dados los buenos resultados de las entidades en los tests europeos de solvencia. Sin embargo, en las últimas semanas una lluvia de denuncias judiciales de clientes que se sienten “estafados” por los grandes bancos comenzó a erosionar uno de los pilares sobre los que se apoya el sistema: la confianza de los particulares y las pymes que aceptaron las atractivas ofertas de créditos hipotecarios e industriales de los bancos hasta mediados de 2008, antes de la debacle.

Pero hoy, con un escenario que incluye 4, 5 millones de parados y una previsión oficial de 180.000 ejecuciones hipotecarias por incapacidad de pago para este año, las cláusulas ocultas en los productos financieros que se “regalaban” junto a los contratos hipotecarios han dejado al descubierto la peor cara de una banca que hoy obliga a sus enfurecidos clientes a pagarle mensualmente sumas de dinero que muchas veces exceden su capacidad de pago. Esta maniobra, que la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas de Ahorros y Seguros de España (Adicae) considera una “traición” hacia los ahorristas, tiene su origen en el contrato de permuta financiera o swap . Los bancos ofrecían estos swaps en forma gratuita bajo la forma de un seguro financiero, en el que la entidad prestamista prometía asumir el riesgo de hacerse cargo de la suba del interés de la tasa de referencia (en este caso, Euribor) durante la extensión del contrato, siempre de entre tres y cinco años, sin posibilidad de reducción de plazos.

Con la baja de las tasas, que se produjo desde enero de 2009, los clientes tuvieron que pagar un adicional independiente a sus obligaciones crediticias que supera, en general, los importes devueltos a los clientes en los añorados tiempos de subas de intereses. Este punto es, según las asociaciones de defensa del consumidor, el disparador de las demandas que los clientes, en su mayoría, ya les están ganando a los bancos. “El gran problema no es que hayan existido los swaps , sino que nunca se nos explicara que tendríamos que asumir las consecuencias de una eventual caída del Euribor. Eso no estaba ni siquiera en la letra chica de los contratos, y por eso la justicia de a poco nos está dando la razón”, dice Patricia Suárez Ramírez, presidenta de la Asociación de Afectados por Permutas y Derivados Financieros.

Suárez Ramírez, que fue pionera en la presentación de casos ante los tribunales y en la convocatoria a organizar a los damnificados por los swaps , lleva un registro de los fallos judiciales emitidos hasta el momento, que este año ya suman 131, aunque con la admisión cada vez más frecuente de causas por parte de la justicia el número podría aumentar en progresión geométrica. Del total de casos llevados ante los jueces, 96 resultaron favorables a los clientes y 35, a los bancos. “La Justicia nos dio la razón en 46 causas contra Bankinter, en 13 contra el Santander, en 11 en perjuicio del Banco Popular y en cinco contra Banesto (grupo Santander)”, afirma Suárez Ramírez.

La jueza madrileña Carmen Pérez obligó recientemente al BBVA a entregar un listado completo de sus clientes con swaps . Los bancos consultados prefirieron guardar silencio. Para Suárez Ramírez, el número de damnificados se elevaría a 200.000. Para Adicae, a 800.000, es decir, al 40% de los cerca de 4 millones de deudores hipotecarios de España. “Los swaps se han convertido en una auténtica masacre para los consumidores, que están pagando entre 500 y 1000 euros al mes por sobre la cuota de la hipoteca”, concluye Santiago Pérez, portavoz de Adicae.