Dos militantes de Plataforma per Catalunya (PxC) de Badalona han denunciado ante la Guardia Urbana a numerosos establecimientos comerciales regidos por inmigrantes que abrieron sus puertas el día 25, Navidad, contraviniendo así la Ley de horarios comerciales de Cataluña, que establece claramente que ese día “todos los establecimientos comerciales tendrán que permanecer cerrados obligatoriamente”.

“Evidentemente las peluquerías, carnicerías, locutorios y fruterías regidas por inmigrantes se pasan nuestras leyes por el forro, mientras que los establecimientos regidos por autóctonos tienen que cumplir con toda una serie de leyes y normas y son multados al más mínimo incumplimiento de las normas establecidas”, señaló a nuestraredacción un dirigente de la formación plataformista en Badalona. Añadió que “los los autóctonos ven como cada día sus establecimientos y negocios son escrutados minuciosamente y se les obliga a pagar impuestos descomunales, así como a cumplir con unas leyes y normativa que son estrictas y que no pueden saltarse”.

Contrapuso esa situación con ” la facilidad que tienen los extranjeros a la hora de abrir sus negocios y con la falta de controles tanto fiscales, laborales, de seguridad, de horarios…,constituyendo a su juicio “una grave discriminación, ya que mientras a los de casa se les obliga a cumplir con la ley, los extranjeros hacenlo que les da la gana”.

Por otro lado, nuestra fuente relata lo ocurrido dentro del cuartel de la uardia Urbana, donde se personaron los dos miembros de la PxC para interponer la denuncia. “Algunos miembros de la Guardia Urbana de Badalona, y sobre todo uno de sus responsables, empezaron a poner pegas. Primero decían que tenían mucho trabajo, después que habríamos de esperar bastante y finalmente accedieron a tomar nota de nuestra denuncia. Lo más lamentable fue que después de rellenar un informe con los datos de los establecimientos denunciados, se opusieron a que los dos denunciantes lo firmaran y se negaron a darles copia de la denuncia. A tal extremo llegó ese responsable, que en un momento dado dijo que el rellenar un informe de ese tipo y llevarse una copia suponía a los denunciantes tener que pagar 40 euros, y que lo mejor era que, para evitar problemas, se dirigieran dos días después al Ayuntamiento y allí presentaran la denuncia”.

Tras recarcar la ilegaliad del comportamiento del funcionario, al tener la obligación por ley de atender la denuncia, apostilla el mandatario identitario badalonés: “La obligación de ese elemento es la de cumplir y hacer cumplir la ley, que para eso le pagan. De momento, los servicios jurídicos de Plataforma per Catalunya (PxC) están estudiando el caso por si se hace necesario denunciar a ese funcionario, que deshonra el trabajo fiel y servicial que llevan a cabo muchos de sus compañeros en circunstancias muy difíciles”.

“Sabemos”, continúa la misma fuente, “que desde arriba llegan las ordenes (PSC , PP y CiU) para que los inmigrantes puedan hacer lo que les da la gana y se haga la vista gorda ante esos incumplimientos, pero un funcionario sabe que tiene que hacer cumplir la Ley, les guste a sus superiores políticos o no”.

Por último, Plataforma per Catalunya (PxC) anuncia que “no permanecerá impasible ante la chulería que muestran muchos inmigrantes a la hora de incumplir con nuestras leyes y prepararemos toda una batería de actuaciones para hacerlas cumplir”.