Diego Enrique Arria Salicetti, ex embajador de Venezuela ante Naciones Unidas, declaró a finales de noviembre ante el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, el magistrado que instruye desde hace meses el sumario sobre los entrenamientos conjuntos entre ETA y las FARC.

El diplomático reveló que hasta siete etarras trabajan para el Gobierno de Hugo Chávez y aseguró que la banda terrorista podría estar financiándose de las expropiaciones de tierras del instituto para el que trabaja el presunto terrorista Arturo Cubillas. Pero, además, aportó documentos de inteligencia que sostienen que el Gobierno español sabe desde hace diez años que ETA utiliza la selva venezolana para formar en manejo de armas y explosivos a sus comandos terroristas.

Arria, al margen de su declaración, ya conocida, entregó en la Audiencia Nacional un dossier que ha sido incluido en el sumario. En esta carpeta, el diplomático recoge las confesiones de varios ex agentes de la ya desaparecida Dirección General Sectorial de los Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP), los antiguos servicios secretos de aquel país, posteriormente desmantelados por Chávez.

Los ex espías, en los escritos, aportan datos muy concretos sobre la notificación a España de las actividades clandestinas de los etarras. La comunicación oficial de los entrenamientos en la selva se produjo entre el 6 y el 10 de noviembre de 2000, durante la celebración del ‘II Seminario Iberoamericano de Inteligencia Estratégica’, una conferencia internacional celebrada en Montevideo, auspiciada por el Centro Superior de Información de Defensa (CESID) español, antecesor del CNI, y en la que participaron 17 países y 20 agencias.

Allí, en una sala del hotel NH Columbia de la Rambla Gran Bretaña de la capital uruguaya, «el servicio venezolano y sus delegados de Inteligencia Militar -ya por entonces bajo las órdenes de Hugo Chávez, que llegó al poder en febrero de 1999- informaron en el pleno a los delegados del CESID de que ese grupo de etarras estaba llevando a cabo tareas de entrenamiento en Venezuela», relata uno de los documentos entregados al instructor. «Especialmente, de las informaciones facilitadas a cerca de Cubillas y su gente fueron testigos más de doce organismos de inteligencia exterior, por cuanto se dijo en el pleno y quedó evidentemente grabado», apuntan los ex espías del país sudamericano.

Desmantelados

Según los ‘papeles’ de Arria, aquel ‘chivatazo’, en principio, no cayó en saco roto y «posteriormente en distintas reuniones se acordó trabajar en conjunto». «Se llevaron a cabo varias reuniones específicas entre miembros de los servicios (españoles y venezolanos), tanto en Uruguay como en Venezuela». Incluso, se destinó a una funcionaria del CESID, de «nombre clave Cristina», para que se ocupara sobre el terreno de investigar los movimientos de ETA en la selva, supuestamente en campamentos de las FARC.

Sin embargo, todo cambió meses después. Los ex expías hablan de que el Gobierno de Hugo Chávez directamente ordenó acabar con la supervisión de etarras. «Los equipos de seguimiento venezolanos fueron desmantelados», en particular la denominada ‘Sección 22’, que se ocupaba los terroristas españoles. «Sus miembros fueron perseguidos y desbandados (…) los agentes encargados del seguimiento de ETA y monitoreo a nivel central y en las brigadas territoriales fueron despedidos». Y la agente del CESID fue puesta bajo vigilancia.

De acuerdo con los datos del sumario, durante los gobiernos anteriores a Hugo Chávez hasta 38 funcionarios de la DISIP llegaron a trabajar en exclusiva para controlar los movimientos en Venezuela de los etarras, que habían llegado en su mayoría al país fruto de un supuesto pacto entre Madrid, Caracas y La Habana en 1989. «Los acuerdos siempre fueron de palabra, no había nada escrito. Los Estados (Cuba y Venezuela) debían tener control sobre los etarras y a cambio tendrían preferencias y créditos muy blandos».

«Vigilancia electrónica»

«En esa época -prosigue la narración de los ex espías refiriéndose a la década de los noventa- (los etarras) llegaron a ser 36 en Venezuela y 14 en Cuba» y estaban estrechamente vigilados por «unidades especializadas muy bien dotadas». Los terroristas debían fichar cada poco tiempo. «Los etarras eran monitoreados, vigilados e incluso sujetos a vigilancia electrónica». La presión era tal, relatan los informes, que «mucho de ellos decidieron repartirse en territorios que tenían brigadas muy poco dotadas y esa es la razón por la que muchos de ellos se fueron al interior».

Pero el acoso y control de los etarras acabó con la llegada de Chávez al poder. La cúpula de ETA, sostienen los ex espías venezolanos, «decidió en 1998 que el mejor lugar para entrenar a los etarras sería Venezuela porque a partir de 1999 sería tierra de afectos revolucionarios». Y comenzaron a llegar incluso etarras que desde entonces estaban bajo la supuesta protección de Castro. «La razón por la que Venezuela se convierte en el último reducto etarra es porque el Gobierno cubano, a pesar de sus vaivenes, autorizó la presencia del CNI en la isla, lo que hizo que buena parte de los ‘proyectos etarras’ migraran a Venezuela».