‘Malaya’ camina despacio y Roca se hace de rogar. La declaración del presunto cerebro de la trama de corrupción en Marbella no se producirá hasta la semana que viene, a petición del fiscal Anticorrupción, Juan Carlos López Caballero, quien ayer en la reanudación del juicio prefirió dejar para el final el interrogatorio del ex asesor urbanístico sobre el convenio Crucero Banús, que supuso un pelotazo inmobiliario de seis millones de euros de beneficio entre 2001 y 2002 y un perjuicio de cinco millones para las arcas municipales.

El fiscal comenzó por el abogado Juan Germán Hoffmann, al que acusa de crear en el extranjero la estructura necesaria para blanquear el dinero presuntamente ilícito obtenido por Juan Antonio Roca, el ex teniente de alcalde Pedro Román, el ex comisario de policía Florencio San Agapito, y el propio Hoffmann, como socios en la operación urbanística.

El letrado declaró desde el banquillo de los acusados, despojado de la toga con la que apareció en sesiones anteriores. Aparentemente tranquilo, respondió casi con monosílabos y expresiones, en ocasiones, dubitativas a las preguntas que López Caballero le hizo sobre su participación en el convenio. En todo momento Hoffmann trató de distanciarse de Roca, con el que, a preguntas de su defensor, dijo que mantenía una relación superficial, «básicamente de hola y adiós», aunque luego reconoció que acabó siendo su socio e incluso apoderado de una cuenta en Suiza del presunto cerebro de la corrupción marbellí.

El acusado reconoció que Roca participó en la operación Crucero Banús con un 15%, pero negó haber negociado con él las condiciones del convenio que incrementó notablemente la edificabilidad de la parcela que compraron por cuatro millones de euros y vendieron un año más tarde al constructor granadino Ávila Rojas por 10,6 millones de euros.
«Yo firmé el convenio, pero no lo negocié. No tenía ni la intención ni el conocimiento de que Roca tuviera una influencia decisiva», explicó a preguntas del fiscal. Declaró que para él, la entrada de Roca en el negocio no tuvo nada que ver con su posición en el Ayuntamiento, ya que el porcentaje del 15% que tenía en la sociedad Lispag (en la que participaban también Román, San Agapito y él mismo) que compró los terrenos «no era una participación que le permitiera influir directamente en la sociedad».

«No sospeché de Roca»

También dijo desconocer por qué se redujeron los aprovechamientos urbanísticos que le correspondían al Ayuntamiento en este convenio, que Hoffmann firmó el mismo día que la sociedad Lispag, constituida en Suiza, compró la parcela que cambió su calificación de comercial a residencial y pasó a tener de 500 a más de 11.000 metros cuadrados de edificabilidad. El letrado procesado llegó a decir que creía que las condiciones del convenio «ya estaban acordadas antes» con el Ayuntamiento de Marbella por el anterior propietario del solar.

Hoffmann defendió en todo momento la licitud de los fondos y la mecánica de compraventa. Así declaró que en ningún momento sospechó de los cheques de Roca, porque «eran bancarios» y porque le presuponía «capacidad económica».
Explicó que el beneficio de la operación de la venta del terreno a José Ávila Rojas se distribuyó entre los socios en función de su participación en Lispag. «Se hizo en Suiza, que es donde está domiciliada la sociedad», y precisó que suponía que pasaron los controles correspondientes a la prevención de blanqueo de capitales y que no hubo reparos ni rechazos por parte del banco.

Liechtenstein

El letrado negó haber tenido algo que ver con la constitución de las fundaciones en Liechtenstein a través de las cuales sus socios supuestamente recibieron el dinero. El abogado reconoció ser el apoderado en la fundación Melifero, vinculada con Roca, pero matizo que «tenía poder para disponer de los fondos, pero no para administrar. Eso lo hacía el banquero».

«Yo no tenía conocimiento de la actividad delictiva de Roca, ni siquiera estaba imputado en 2001. Lo que sí había era un tremendo caos administrativo, que no penal, respecto al urbanismo, pero no había denuncias en los juzgados», aclaró a preguntas de su abogado.

Juan Germán Hoffmann está acusado por el fiscal de dos delitos de blanqueo de capitales, por los que solicita siete años de prisión y multa de 102,6 millones de euros; y otro delito contra la Hacienda Pública, por el que se pide tres años de cárcel y multa de 460.000 euros.

Para la acusación pública, este abogado era el encargado de la estructura societaria en el extranjero de Roca, aunque en su declaración ha dicho que no lo conocía en 1991, cuando los informes policiales ya los relacionaban a ambos.